Reforma educativa sin chantajes

PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña

Durante décadas el régimen priista entregó el control de la educación pública a poderes fácticos. Renunció a la rectoría del Estado en la educación a cambio de votos, movilización, lealtad política y complicidad.

Y lo mismo hicieron los gobiernos panistas en la primera alternancia. Las sucesivas administraciones federales decidieron poner los derechos de las niñas y los niños en manos de los sindicatos oficialistas.

Corporaciones con intereses propios que se mueven a sus anchas lucrando con plazas y los recursos públicos educativos. E

s hora de decir “ya basta”. La educación es un derecho de las niñas y los niños, y todo el entramado institucional debe garantizarlo.

El Congreso de la Unión discute actualmente una nueva reforma educativa. Existe diálogo entre los distintos grupos parlamentarios y hemos tratado de acercar posturas.

No ha sido una labor fácil, pero hemos ido solventando cada uno de los escollos que nos coloca el camino: evaluación, asignaturas, modelo educativo, relación con el Estado, supervisión, ascenso, heterogeneidad y pluralidad, educación incluyente, perspectiva de género, incorporar los derechos humanos, entre otros temas.

Tres meses después, con la incorporación de organizaciones de la sociedad civil y especialistas, estamos más cerca de una reforma educativa de Estado que se pueda plantear a largo plazo.

Sin embargo, perviven los chantajes de una parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se niega a entender que México debe cambiar.

Frente a nuestro debate, que incorpora la mayoría de las demandas que ha hecho el magisterio durante décadas, ellos han reaccionado bloqueando la Cámara de Diputados y amenazando.

Qué les quede claro: no vamos a poner la educación de niñas niños y adolescentes en manos de corporaciones que quieren lucrar con ella. La asignación de plazas debe ser una atribución exclusiva del Estado mexicano. Lo que requerimos es una reforma que cambie a México.

La reforma educativa necesita un acuerdo social que incluya a las y los maestros. Un grave error en lo operatividad de la reforma anterior fue haber enarbolado un discurso contra el magisterio.

El millón de docentes que laboran en México son nuestro principal activo para tener una educación de calidad.

Y por responsabilidad con ellos, tenemos que debilitar las redes clientelares que repercuten en baja calidad académica y negocios al amparo del Estado.

Tenemos que salir con un acuerdo que nos asegure un marco educativo sólido para el futuro.

Nuestro compromiso es tener una reforma educativa de largo plazo. Que quede claro que nuestro objetivo primordial son las niñas y niños de México, que cuenten con un marco normativo sólido que potencie sus cualidades.

No aceptaremos que viejas prácticas sigan arraigadas en el sistema educativo, esto es fundamental para la garantía del derecho de la educación que nos haga libres e iguales.

Coordinadora del GPPRD en el Congreso de la Unión

@juarezvero

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.