PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
A pregunta expresa, en la mañanera del jueves 2 de enero, sobre las violaciones de niñas y niños por parte de integrantes de la Congregación Católica, Legionarios de Cristo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se inmiscuiría en este tema; lo que sin duda refleja claramente cuáles son las prioridades del presidente de la República.
“Es grave, no deben cometerse estos actos, pero buscar que se debata, se discuta, se analice en otros ámbitos. Que el presidente de México no se inmiscuya en estos asuntos”, se deslindó. Señaló que los abusos del padre Maciel deben debatirse entre la sociedad y los medios. En el caso judicial, dijo, corresponde al Ministerio Público el acompañamiento de denuncias de las víctimas.
“Hay que tener buena relación con todas las Iglesias y hacer valer el Estado laico, donde todas las Iglesias tienen el mismo derecho y que el Estado debe garantizar la libertad religiosa”, opinó.
Esta declaración es grave por varias razones, pero particularmente porque el presidente de la República antepone sus relaciones políticas con las iglesias, a los derechos de las niñas y niños que han sido víctimas de violaciones, pero además, encubre a encubridores y responsables.
Presionados por la decisión del Vaticano de documentar y dar a conocer abusos de esta índole por parte de sacerdotes católicos en el mundo y las exigencias por décadas de quienes fueron víctimas en México, los Legionarios de Cristo dieron a conocer una investigación.
En la misma, se informó que su fundador, Marcial Maciel abusó sexualmente de 60 menores de edad. Que desde su fundación en 1941, hasta finales del año pasado, en total hubo 175 menores de edad víctimas de violación sexual cometidas por 33 sacerdotes, incluido Maciel. La “gran mayoría”, fueron
niños adolescentes de entre 11 y 16 años. Otros 90 alumnos fueron abusados por 54 seminaristas de los cuales 46 no llegaron a ordenarse sacerdotes.
El presidente no puede ni debe evadir su responsabilidad en torno al problema de la pederastia en las iglesias y actuar según sus facultades legales para sancionar y prevenir más casos.
Si bien no le corresponde investigar y sancionar, como Jefe del Ejecutivo, su postura debiera ser conforme a las facultades y obligaciones de su cargo, no de evasivas.
Nadie pidió ni pide al Presidente “politizar” el tema, así como tampoco violentar los derechos de las iglesias ni las “buenas relaciones” con ellas, pero tampoco él debe confundir las cosas de manera tan lamentable, menos cuando están de por medio los derechos de la niñez.
Por el contrario, con el sentido de su opinión, AMLO sí politiza el tema al priorizar sus “buenas relaciones” con las iglesias y los derechos de éstas por encima de los derechos de la infancia y la adolescencia, y por encima de sus propias obligaciones como Jefe del Estado Laico Mexicano.
En efecto, corresponde al Ministerio Público actuar penalmente contra los pederastas, sean o no de religión alguna, pero el Ejecutivo tiene muchas otras facultades y responsabilidades para proceder contra los abusadores y sus encubridores, y más todavía para prevenir y evitar otros casos.
La Constitución; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; las Leyes Generales de Salud, y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y la Ley de Asistencia Social, entre muchas otras, establecen claramente las facultades y obligaciones de diversas
instancias de los gobiernos en torno a este asunto, tanto para sancionar a grupos, como los “Legionarios de Cristo”, a fin de evitar la impunidad, como para prevenir más abusos no sólo por parte de sacerdotes, sino de agresores en general.
