PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
En sus prisas por imponer la Guardia Nacional, Andrés Manuel López Obrador no sólo pretende pasar por encima de las facultades del Congreso de la Unión, de la Constitución de la República y el Pacto Federal; sino que ahora insulta a legisladores y partidos de oposición, acusándolos de perder el tiempo, de tener un “doble discurso” y haber avalado en el pasado “masacres” y “represiones”.
Con estas acusaciones, el Presidente de la República no solo confirma su conducta autoritaria sino que agravia a quienes podría ser sus aliados si él tuviera disposición al diálogo, escuchara sus propuestas y entendiera que lo que está planteando para combatir la inseguridad no es más que la misma estrategia que fracasó con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El PRD siempre se ha opuesto a la militarización de la seguridad pública en el país y seguirá haciéndolo porque el modelo policiaco-militar ni redujo la inseguridad ni frenó al crimen organizado. Por el contrario, fomentó más la violencia, la violación de derechos humanos y la corrupción.
Si alguien es incongruente y exhibe un doble discurso respecto a las Fuerzas Armadas y en el tema de la militarización es el Presidente de la República, porque durante sus tres campañas criticó el uso del Ejército en el combate a la inseguridad, lo acusó de cometer violaciones a los derechos humanos y ahora con la Guardia Nacional propone profundizar la militarización del país sin definir una política pública integral en materia de seguridad pública.
El titular del Ejecutivo Federal debe respetar los tiempos del Congreso de la Unión para discutir el dictamen de la Guardia Nacional, y que se escuche a especialistas, organizaciones civiles, gobernadores y presidentes municipales.
El Congreso de la Unión no está perdiendo el tiempo como afirma AMLO, sino haciendo su trabajo. Ya hay un proyecto de dictamen, se convocaron a las
Audiencias Públicas para el 9 de enero y en su primera sesión la Comisión Permanente aprobó un periodo extraordinario que inicia el 16 de enero, en donde este tema es parte de la agenda. Está ejerciendo las facultades que le otorga la Constitución de la República como uno de los tres Poderes de la Unión.
En el PRD estamos conscientes del grave problema de la inseguridad pública y que se requiere combatir con firmeza al crimen organizado y la violencia, pero si nos oponemos a la Guardia Nacional tal y como está planteada es porque representa la continuidad de una estrategia que ya fracasó y que en parte es responsable de la terrible inseguridad que prevalece en el país, que lastima a los ciudadanos y viola la Constitución y los derechos humanos.
En esto insistiremos en las Consultas Públicas y a lo largo del proceso legislativo en la discusión sobre la Guardia Nacional porque tal y como está planteada hasta ahora y se está ya implementando por el Ejecutivo, la Guardia Nacional profundiza la militarización del país.
Pero además, estamos convencidos que ofrecer a los jóvenes ingresar a la Guardia Nacional como una alternativa de desarrollo laboral y económico es un grave error. Mientras que no haya una política pública integral en materia de seguridad y no se combata la corrupción adecuadamente, la violencia y la inseguridad seguirán imperando.
Creemos que el gobierno está obligado a crear alternativas reales de desarrollo personal, profesional y académico a los jóvenes. Los jóvenes deben tener otras opciones de crecimiento que sólo integrarse a las Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional. Deben ir a las universidades, se deben generar condiciones equitativas para su desarrollo, fomentar el empleo, el deporte, la cultura, la ciencia, la tecnología, entre otras acciones claves.
Nuestros jóvenes se merecen mucho más que servir de carne de cañón para combatir el crimen organizado.
