DIVISADERO/Eduardo González
Quizá la demanda más contundente y generalizada de la sociedad mexicana en las pasadas elecciones fue la disminución de la violencia y la inseguridad. Sin distingo, la candidata y los candidatos escucharon las exigencias ciudadanas y se comprometieron a solucionar el problema.
Al final de la jornada electoral, los votantes dieron el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, quien a partir del 1 de diciembre deberá materializar su promesa de pacificar la nación.
Frente a ello, llama la atención dos asuntos, el primero, el retraso en el anuncio del plan para enfrentar a la delincuencia organizada; el segundo, las pésimas condiciones en que se encuentran las corporaciones policíacas en todo el país. En esta ocasión me quiero referir al segundo punto.
Ya sea por la precariedad material en el equipamiento de las policías o por la deficiente preparación de los agentes, las condiciones en las que laboran miles de policías en el país no son las adecuadas para brindarnos seguridad.
Desde luego, López Obrador y su equipo de seguridad no deberán llamarse a sorpresa, pues es una información de todos conocida, y además utilizada por el tabasqueño como arenga electoral a su favor.
Esta semana se dio a conocer (La Jornada, 12 de noviembre de 2018) un estudio de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) sobre la calificación obtenida por los agentes policíacos en el país. Los resultados son alarmantes y muy peligrosos.
Una cuarta parte de los policías están calificados como aptos y actualizados para el cargo; hasta el segundo semestre de este año 23.5 por ciento de los oficiales estaba en posibilidad de obtener su Certificado Único Policial (CUP); 16.8 por ciento no tiene formación inicial; una quinta parte no tiene la evaluación de control de confianza aprobada y/o vigente; cerca de la mitad no pasó los exámenes de desempeño y de competencias básicas; dos de cada 10 agentes estatales fueron reprobados en las evaluaciones de control de confianza o sus pruebas ya no están vigentes.
Ignoramos si los reprobados en el control de confianza ya fueron dados de baja o continúan en las corporaciones. El país tiene poco más de la mitad de los agentes preventivos que debería tener.
Las entidades con la mayor proporción de agentes reprobados son: Nayarit (30 por ciento), Zacatecas (28 por ciento), Baja California Sur (23 por ciento), Sinaloa (20 por ciento) y Veracruz (19 por ciento).
Por lo pronto, no hay más. Con estos agentes deberán comenzar a trabajar. Urge que el nuevo gobierno haga lo necesario para que las condiciones cambien. De lo contrario, la violencia e inseguridad de la República serán la tumba del proyecto lopezobradorista.
