PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
En entrevista con Milenio, el gobernador de Jalisco reconoció que la estrategia para combatir la inseguridad fue “errónea”, porque se ha centrado en una “visión policial”.
Efectivamente, se pretende atacar la inseguridad sin atender los problemas de fondo que alientan esta terrible circunstancia.
Veamos. El 93.9 por ciento de los delitos en México no son denunciados y no inician una averiguación previa [lo que se denomina como ‘cifra negra’] (INEGI: 2017).
Incluso, el 50% de los delitos que sí son denunciados y cuentan con averiguación previa o carpeta de investigación ¡no resuelven nada!. El 20.8% está “en trámite”. (INEGI: 2017).
Todo ocurre porque los fiscales o ministerios públicos no reúnen las pruebas, no integran debidamente las averiguaciones, no hacen una investigación científica de los delitos o, de plano, no localizan al presunto responsable.
El resultado de las averiguaciones previas que derivaron en la recuperación de sus bienes, haber puesto al delincuente a disposición de un juez o haber otorgado el perdón, apenas representa hoy el 1.2% del total de los delitos, según datos oficiales (INEGI: 2017).
Muy poca repercusión tendrá un sistema de procuración de justicia robusto, profesional, probo y consolidado –si es que lo tuviéramos– (policías, agentes, ministerios públicos, fiscales), si el sistema de impartición de justicia continúa en la opacidad de su absoluta corrupción.
Quien podría determinar la culpabilidad y sanción de un delincuente es un juez, no la Fiscalía.
El problema está con esos jueces que nadie observa y que no están sujetos a ningún control real de responsabilidad, esos que argumentan fundar sus sentencias injustas, eso sí, muy apegadas a derecho.
Observan al derecho como fin, y no como medio para impartir justicia. Buscan en la averiguación cualquier motivo o resquicio legal para dejar en libertad, por igual, a narcotraficantes, violadores, ladrones o corruptos.
Generalmente, atienden sólo al poder y al dinero. Además, han torcido los fines de la ley de amparo. De forma que hoy, sin ninguna responsabilidad, la gran mayoría de los jueces otorgan amparos que impiden la acción de la justicia, para que queden impunes las más lesivas atrocidades contra la sociedad.
El amparo torcido como un instrumento para la impunidad, concedida a la carta por jueces corruptos, para protección de criminales y delincuentes.
Considérese, además, que la ‘cifra negra’ de delitos en México asciende a 93.6 por ciento [que implica tanto los delitos que no se denuncian, como aquellos que no inician una averiguación previa], según datos de INEGI en 2017.
Más aún, las razones para no denunciar son todas atribuibles a la autoridad: «desconfianza», «infiltración con la delincuencia» y «excesiva burocratización». El ciudadano denuncia y mañana se entera de inmediato para tomar represalias (porque las instituciones están infiltradas).
Además, en el 6.4 por ciento de los delitos que sí se denuncian, el 50% de los casos las averiguaciones previas y carpetas de investigación «no resuelven nada». En un 20 por ciento más, de ese 6.4 por ciento, las averiguaciones previas y carpetas de investigación siguen «en trámite».
De suerte tal, que apenas el 1.2 por ciento de los delitos llegan a ser sancionados por un juez (de esos pocos que aún acreditan compromiso con la justicia y que por ello no ocupan grandes cargos en la ‘carrera’ judicial). Es muy rentable y seguro delinquir en un estado que no puede imponer castigos debido a un aparato corrupto de impartición de justicia.
No es el fuero constitucional lo que alienta la impunidad, como nos quieren marear ahora con esa propuesta intrascendente de eliminar el fuero. Veamos, ¿qué pasó con la eliminación del fuero en Jalisco?: que creció la corrupción.
El problema está en la complicidad de las autoridades de todos los gobiernos, de los diferentes partidos, que no acreditan compromiso ni voluntad para combatir la corrupción, a pesar del pomposo ‘sistema’ anticorrupción, que a cinco meses de integrarse sigue pasmado, sin resultados.
Naturalmente ocurre, porque un ‘sistema’ a manera de parche, no puede suplir la falta absoluta de voluntad para combatir la corrupción de los tres poderes constituidos, legislativo, ejecutivo y judicial.
