PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
La democracia no es el régimen de las libertades absolutas [eso es sólo posible en el anarquismo], sino el gobierno de las libertades ponderadas y los derechos superpuestos, con base en criterios de racionalidad y proporcionalidad.
Igualmente sustantivo, resulta que, en democracia, la igualdad ante la ley no tiene valor absoluto: debe existir igualdad de la ley entre iguales, y no entre desiguales.
Eso explica, por ejemplo, la acertada reglamentación asimétrica que dispuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en materia de libertad de comercio, a América Móvil (Slim) en telecomunicaciones, o a Televisa en radiodifusión, para calificarlos como “agentes económicos preponderantes” respecto de otros agentes económicos. Otro paradigmático botón de muestra, ilustra de mejor manera la idea antes expuesta.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatiza que el derecho humano a la privacidad y el honor tiene un ‘umbral de protección’ mucho menor entre gobernantes y/o personajes relevantes de la vida pública, respecto del que obra sobre cualquier ciudadano común.
No es lo mismo la libertad de expresión en voz de un profesional de los medios de comunicación que cuestiona a un candidato; que la ejercida por un candidato -con posibilidades reales de llegar al gobierno-, para descalificar a un columnista.
Si bien es cierto, ambos personajes ejercen un derecho –la libertad de expresión–, debe subrayarse que la realizada por un político para descalificar la opinión de un periodista tiene, desde luego, efectos disuasivos, atemorizadores e inhibidores.
Mientras que al periodista le asiste únicamente la fuerza de la palabra, escrita o hablada; al político y/o gobernante, además de ésta, le asiste el monopolio de la violencia física legítima [del Estado, a través del gobierno] y/o la de aquella que podría denominarse como coacción ilegítima [producto de los intereses económicos legales e ilegales que giran en torno a él].
Resulta igualmente contradictorio afirmar que la robustez de la libertad de expresión, depende del aprecio de la sociedad (civil) para protegerla.
Si partimos de reconocer que la libertad de expresión es un derecho humano [una irrefutable verdad en cualquier parte del Mundo], llegamos a la fiel conclusión de que la inopia de ese argumento es tal que nos llevaría a desaparecer, por lo menos en México, la CNDH, el INAI, el IFT, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, el juicio de amparo y, por supuesto, a eliminar la jurisdicción de la SCJN en materia de derechos humanos [incluido, desde luego, el de la libertad de expresión].
La teorización sobre la libertad de expresión supone un principio: la ausencia de censura previa. Sin embargo, no sólo existe censura ex ante, sino censura ex post «censura sutil».
Esto es, la que un gobierno forja a ‘billetazos’ mediante la contratación –cancelación condicionada- de espacios publicitarios en un medio, la que ocurre mediante agencias de ‘comunicación política’ –que reciben millones de dinero público- para hostigar igualmente periodistas, que a medios de comunicación –integrando, con dinero público, expedientes ‘de mala conducta’-; y la «censura implícita», es decir, la que ejerce un político, empresario o narcotraficante a través de acciones violentas o tácitas amenazas.
Cuando un político confronta a un periodista -mediante descalificaciones o con ayuda de sus ‘agencias’ pagadas por el erario- o sutiles amenazas, en uso de su ‘libertad de expresión’, ejecuta una censura implícita.
Por supuesto, en democracia es deseable que el debate político contraste y descalifique ideas o acciones… no personas.
Sin embargo, la libertina profesión de ofensas e insultos, ya no se diga al interlocutor, sino a su pensamiento o al comunicador, es también prueba fiel de intolerancia, un antivalor de la democracia.
La democracia implica la conquista de la cosa pública por medios pacíficos, es decir, a través de elecciones y debate político.
Tiene como espacio de acción el disenso, ¡pero no el conflicto!. También está la violencia verbal intimidatoria pública, hoy pretendidamente justificada para ciertos políticos, que es el preámbulo por antonomasia de la violencia física y el autoritarismo.
