PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
México está harto de simulaciones. El gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo lleno de ellas. Las reformas con las que se prometieron crecimiento, en realidad sólo beneficiaron a los de siempre.
La política social, que supuestamente aliviaría la pobreza, en la práctica se usó con fines clientelares y para enriquecer funcionarios. Se enarboló el federalismo en el discurso, pero se privilegió el centralismo.
La agenda pública nacional está llena de acciones como éstas que se presumen rupturistas, pero en los hechos sólo son una simulación para mantener intereses creados o justificar decisiones políticas ya tomadas. Las consultas pueden ser un mecanismo para legitimar ese juego de poder.
El Partido de la Revolución Democrática ha impulsado la participación de la ciudadanía en todas las trincheras. Las y los ciudadanos tienen derechos políticos que trascienden el voto.
Los gobiernos no pueden tomar decisiones de gran relevancia sin tomar en cuenta la opinión de la gente. Hemos impulsado presupuestos participativos, consultas sobre distintos temas, votaciones ciudadanas para decidir temas polémicos.
Lo único que no se puede consultar son los derechos humanos de las y los mexicanos, pero el resto de temas sí pueden ser puestos sobre la mesa para que las comunidades se expresen y el gobernante las tome en cuenta.
Sin embargo, respecto a la consulta que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, promueve sobre la sede del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), no compartimos que utilice este tipo de ejercicios como método de legitimación.
No aceptamos que se utilice el discurso de la participación para no asumir la responsabilidad política o violar lo que marcan nuestras leyes.
La consulta sobre el NAIM es una tomadura de pelo. No es legal. No es vinculante. No existe un árbitro imparcial. Los organizadores son juez y parte.
Máximo puede votar el 1% de la lista nominal. No hay ningún mecanismo para evitar acarreos o que un ciudadano o ciudadana vote hasta cuatro veces, como sucedió; tampoco existe vigilancia que impida comprar el voto.
Hay municipios más representados que otros y comunidades que, aunque quisieran, no pueden votar.
No se vale banalizar la participación ciudadana. El presidente electo ganó con una mayoría aplastante como para violar la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular y proponer una consulta cuya organización no genera certeza, sino incertidumbre.
La normatividad que regula las consultas es perfectible, pero es el instrumento que tenemos para dar garantías a la democracia participativa.
¿Cómo sabemos que mañana al presidente electo no se le ocurrirá proponer una consulta sobre los impuestos, la pena de muerte o los derechos civiles? ¿Qué nos asegura que no se pondrán a juicio de las mayorías nuestras libertades y los derechos que hemos ganado a través de la lucha histórica?
En el PRD siempre hemos pugnado por profundizar la profundización de la democracia. Creemos en una ciudadanía activa y crítica de las decisiones de los gobernantes.
No queremos simulaciones y le pedimos al presidente electo, que una vez que asuma el cargo, si pretende realizar otras consultas, que se apegue a la Constitución y a la ley.
Y si no está de acuerdo con éstas, que promueva reformas, sin menoscabar las bases de la democracia participativa, los derechos humanos y las libertades. Si así lo hace, contará con el respaldo de nuestro partido.
Sin embargo, si se empeña en utilizar este mecanismo para justificar decisiones arbitrarias, no duraremos en cuestionarlo en bien de la democracia.
Es claro que si se continúa con engaños como la consulta sobre el aeropuerto, el proyecto de López Obrador perderá credibilidad, incluso entre aquellas y aquellos que lo apoyaron el 1 de julio.
