DIVISADERO/Eduardo González
La violación de los derechos humanos de las personas migrantes es una constante, la sofisticación de los mismos, también. La violencia ejercida contra los errantes del siglo XXI se potencia cuando se trata de menores de edad.
Ya hemos hablado de la política “tolerancia cero” de Donald Trump, que implica redadas, deportaciones, y detenciones fronterizas, con la consecuente separación de familias. Las madres y padres son canalizados a un centro de detención diferente a donde se envían a las niñas y niños. Esta no es una práctica nueva, ya en los años noventa del siglo pasado era una estrategia común de la patrulla fronteriza. Oficialmente las autoridades estadunidenses tienen bajo custodia a casi once mil menores de edad.
Los menores no solamente son enjaulados mientras permanecen detenidos, sino que son medicados sin el consentimiento de sus progenitores.
En el centro de tratamiento Shiloh, ubicado en Manvel, Texas se están medicando a los menores migrantes. Las quejas y denuncias han comenzado a surgir para visibilizar esta práctica violatoria de los derechos humanos. Recordemos que ese mismo centro fue demandado en 2008 por negligencia, abuso sexual y físico, a pesar de ello forma parte de las 71 compañías que reciben fondos del gobierno federal para alojar y supervisar a niños migrantes no acompañados.
En el último año fiscal recibió fondos federales por más de 5 millones de dólares, ya que para la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR por sus siglas en inglés) las instalaciones del albergue y el trato que reciben los menores de edad cumplen con estrictos controles para evitar los abusos.
Según las demandas presentadas ante un tribunal federal desde finales de abril de este año, los menores “sin papeles” son medicados con antipsicóticos como latuda, geodon y olanzapina, aripiprazol y clorpromazina; el medicamento para el Parkinson benztropine; anticonvulsivos como clonazepam y divalproex; antidepresivos como duloxetina, escitaloparm trazodona; y el potenciador de la cognición guanfacine (La Opinión, 3 de agosto de 2018).
Según declaraciones de los menores, los empleados del centro utilizan la fuerza para aplicarles los medicamentos; además de padecer dolores de cabeza, perder el apetito y tener náuseas, a consecuencia de las medicinas que son obligados a consumir.
De nueva cuenta, niñas y niños, quienes experimentan la obligatoriedad migratoria, se miran envueltos en un ramillete de prácticas violatorias de sus derechos humanos sin que ninguna autoridad de Estados Unidos o México levante la voz y haga lo necesario para que concluya el martirio al que son sometidos estos menores en los centros de reclusión públicos y privados en la Unión Americana.
