DIVISADERO/Eduardo González
Como muchos de los problemas de urgente atención y obligada resolución, la violencia y la inseguridad no han quedado fuera de los planteamientos del que será el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
No es necesario realizar un examen minucioso sobre las fallidas estrategias calderonistas y peñistas puestas en macha para enfrentar al crimen, para conocer las razones por las cuales fracasaron; los escalofriantes resultados dan cuenta de ello: un país ensangrentado con más de doscientos mil muertos, casi cuarenta mil desapariciones, cientos de miles de mexicanos desplazados y decenas de comunidades abandonadas por la violencia, así como un incremento en la producción, venta y consumo de drogas.
Esto es la herencia de los “gobiernos” de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.
Frente a esa desoladora realidad, se imponen dos acciones: realizar un análisis profundo se las causas que subyacen en los procesos de violencia y crimen organizado en nuestro país y cambiar la estrategia para atacar ese flagelo.
Caso contrario, cualesquiera que sean las acciones emprendidas para acabar con la violenta inseguridad terminarán fracasando.
En ese sentido, el virtual presidente electo ha lanzado los lineamientos de lo que será su política de pacificación de la República y reconciliación nacional.
En el corazón de las nuevas acciones encontramos la justicia transicional (que deberá incluir la rendición de cuentas y la reparación del daño a las víctimas); la desmilitarización de la seguridad pública mediante la mejora y capacitación de los cuerpos policíacos; la regulación de las drogas (desde luego, regular el consumo de algunas drogas no es una medida suficiente, pero sí necesaria para terminar con la guerra contra el narco); cerrarle la llave financiera a los células criminales mediante el uso eficiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda; realizar una consulta sobre la amnistía para saber bajo qué condiciones y a quiénes se puede otorgar; combatir el tráfico de armas; y crear algunas comisiones de la verdad para atender casos como la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Lo anterior tendrá su sustento en el sentir ciudadano recogido en la consulta nacional de noviembre próximo sobre violencia e inseguridad.
Nadie nos garantiza que esta nueva estrategia genere un país con menos violencia, pero lo que sí podemos asegurar es que de seguir haciendo lo mismo la violencia continuará aumentando como lo ha venido haciendo desde el año 2006.
