La Encuesta Nacional Democracia Sin Pobreza levantada en el curso del proceso electoral de 2018 revela que 33.5 por ciento de los encuestados –que equivalen a 30 millones de votantes elegibles en la lista nominal- estuvieron expuestos a la compra del voto por alguno de los partidos políticos que participan en la contienda que culminará el próximo domingo.
«A pesar de que el intento fue intenso y masivo, entre quienes estuvieron expuestos a las ofertas de compra del voto poco más de la mitad rechazó ofrecimientos de dinero, tarjetas, bienes o promesas de incorporación a programas sociales, según consignan los resultados de la encuesta, lo que representaría una respuesta madura de los ciudadanos. Ello merece el reconocimiento de toda la sociedad», dijo la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, organización de la sociedad civil que encargó este ejercicio de demoscopia.
Se estima que 15 millones de mexicanos rechazaron vender su voto en estas elecciones 2018, pero un aspecto preocupante es que 2.5 por ciento de los encuestados declaró que los promotores del voto se quedaron con su credencial de elector, en franca violación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Este porcentaje significaría cerca de 2.3 millones de votantes elegibles que pudieron haberse quedado sin credencial para votar.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, la oferta de compra de votos se dio por parte de la mayoría de los partidos políticos nacionales, lo que pulverizó sus potenciales efectos en los resultados de los comicios y hace probable que esta práctica no sea determinante para la elección presidencial, aunque sí podría tener consecuencias en elecciones muy cerradas en el ámbito local.
Los resultados que arrojen las urnas del domingo próximo determinarán la certidumbre de estas conclusiones y, en ese caso, quedará evidenciado que la compra de votos es una acción que, siendo un delito, es inútil por partida doble: no ayuda a ganar a candidatos y no supera la pobreza; a la par de que es inmoral, ilegal y no debe quedar impune.
De acuerdo con la encuesta, 78.9 por ciento de quienes recibieron algún objeto ofrecido por partidos y candidatos consideraron que si un ciudadano acepta un regalo de un partido político a cambio de su voto, pero no vota por ese partido, esto no le causaría ningún problema, por lo que rechaza la idea de que las amenazas recibidas se cumplirán.
Los resultados indican que un 33.5 por ciento de la ciudadanía estuvo expuesto a la entrega o la promesa de algún regalo, servicio, favor, o trabajo de parte de un partido político. Este porcentaje se construye de la siguiente manera: 17.3 por ciento de la población total encuestada, rechazó los objetos o el dinero ofrecido; un 10.2 por ciento sí aceptó algún tipo de regalo y un 6.0 por ciento recibió sólo promesas que se cumplirían después de las elecciones, en caso de que el candidato promovido gane.
Asimismo, según los resultados de la encuesta, 17.6 por ciento de la población entrevistada declaró que a cambio de los regalos le pidieron votar por alguno de los candidatos de un partido o coalición.
«Por estas razones, llamamos a las autoridades a que hagan un último y amplio esfuerzo para disuadir el condicionamiento del voto y garantizar a la ciudadanía de que su voto será libre, secreto y bien contado. Por su parte, instamos a la ciudadanía a votar en libertad y de forma masiva para minimizar los efectos de los intentos de compra de voto por parte de partidos y candidatos», dijeron representantes de la organización.
La encuesta presentada hoy es parte del proyecto Democracia Sin Pobreza que incluyó la publicación del sitio web democraciasinpobreza.mx/inicio que cuenta con un formulario que ha sido llenado por ciudadanos reportando compra y coacción del voto en tiempo real, un monitoreo de prensa que sigue la información publicada por 70 medios mexicanos en relación con la compra de votos, un análisis de la evolución presupuestaria y las condiciones de opacidad de los programas sociales, un compendio de leyes electorales relacionados con la compra del voto y ahora esta encuesta.
El proyecto Democracia Sin Pobreza es un esfuerzo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con el apoyo institucional de Alianza Cívica y financiado con recursos del Fondo de Observación Electoral 2018 impulsado por el INE, Fepade, TEPJF y PNUD, así como el apoyo solidario de más de cien organizaciones de la sociedad civil que han contribuido con su esfuerzo y talento a este proyecto.
La encuesta se levantó en viviendas entre mil 253 ciudadanos mayores de 18 años entrevistados cara a cara que radican en el país. La muestra fue seleccionada usando un muestreo probabilístico en múltiples etapas usando las secciones electorales del INE como marco muestral. El margen de error teórico es de ± 2.9 puntos con un nivel de confianza estadístico del 95%. El levantamiento se efectuó entre el 6 y el 26 de junio de 2018. La encuesta fue realizada por Data OPM y patrocinada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
PRECIO DEL VOTO
Por otra parte, el mismo sitio Democracia Sin Pobreza, difunde datos que reflejan los reportes de compras de voto, ya sea en efectivo, especie u otro, que se generaron en cada uno de los estados de la República Mexicana y sus «precios».
Chihuahua se ubicó dentro de las entidades con reportes de compra de votos en efectivo con un precio de entre los 500 a los mil pesos.
Jalisco encabeza la lista con ofrecimientos de hasta 10 mil pesos por voto y en entidades como Baja California Sur y Durango no se registraron intentos de compra de sufragios.
En estados como Baja California, Durango, San Luis Potosí, Campeche, Queretaro, Nayarit y Zacatecas los votos han intentado ser comprados por especie u otro bien.
