PESIMISMO ILUSTRADO/Jorge Rocha
Durante las últimas semanas tuvimos una serie de eventos que tenían como hilo conductor la vigencia de los derechos humanos de las y los jaliscienses.
En primer lugar, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en voz de su titular, Alfonso Hernández Barrón, dieron a conocer a la opinión pública una macro recomendación por la inseguridad que prevalece en el estado, sobre todo donde se atiende la vulnerabilidad que viven los estudiantes alrededor de los distintos campus universitarios.
En otro informe, también mostraron que las capacidades institucionales de los institutos municipales de las mujeres no permiten que efectivamente se haga una promoción efectiva de los derechos humanos de las mujeres de la entidad.
Por otro lado, el Gobierno Federal y el Gobierno de Jalisco intervinieron la policía municipal de Tlaquepaque por la supuesta infiltración del crimen organizado en esta institución. Esta acción implicó el desarme de las policías y la “capacitación” de las mismas en temas que aún no sabemos. También en este caso se ha cuestionado la legalidad de esta acción y sí está apegada a derecho.
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que las policías podían revisar a las personas sin que mediara ninguna orden de aprehensión, el hecho generó una gran indignación a lo largo y ancho del país; y luego la misma Corte tuvo que “rectificar” que esta situación sólo podría realizarse en situaciones muy específicas.
Frente a todos estos asuntos que tocan de manera directa el tema de la vigencia de los derechos humanos, quizá como nunca en la historia reciente del país hemos tenido legislaciones que promueven y proclaman la defensa de los derechos humanos, quizá como nunca contamos con instituciones públicas que tienen como encomienda el respeto, la promoción y garantizar derechos humanos, también podemos decir que no se habían destinado tantos recursos públicos y presupuestos para educar, promover, defender y hacer vigentes los derechos humanos en el país.
Es más, como nunca el concepto de derechos humanos pasó a ser un vocablo que forma parte de los discursos políticamente correctos en México y que ningún miembro de la clase política podría olvidar e incorporar dentro de sus arengas que los derechos humanos son un fin muy preciado de la sociedad. Es decir, nunca habíamos tenido las condiciones institucionales con las que ahora contamos para el impulso a una cultura de derechos humanos.
Las preguntas son ¿por qué a pesar de esta situación los resultados en respeto de los derechos humanos son magros? ¿por qué en este sexenio hay un retroceso en materia de derechos humanos en nuestro país? ¿por qué los organismos internacionales de derechos humanos señalan que México vive una grave crisis de derechos humanos?
Las respuestas ante estas preguntas son múltiples y es impensable creer que exista una sola causa que provoque este problema, sin embargo, desde mi particular punto de vista existe un factor que es determinante para que esta situación prevalezca y es la simulación.
Una buena parte de la clase política mexicana simula que le importan y que defiende los derechos humanos de los ciudadanos, pero en realidad no existe la voluntad política para que los derechos de los mexicanos sean la norma rectora del proceder de muchos funcionarios públicos. La constante es la misma, se habla mucho, se hace poco… muy poco.
