PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
La decisión de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que despenaliza el aborto, es un triunfo histórico de la lucha de las mujeres que, durante décadas, exigieron el derecho para decidir sobre su cuerpo y, por tanto, también si desean tener hijos y cuándo quieren que esto suceda, tal y como se establece en el artículo 4º de nuestro texto Constitucional.
En sesión celebrada el 7 de septiembre, el pleno de la Corte declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella; pues vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir.
La Ministra Piña, con un argumento exultante, señaló que estas disposiciones están dirigidas a criminalizar la libertad sexual de las mujeres, es decir, limitan el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La Suprema Corte reflexionó que el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo.
Sin embargo, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad sexual y reproductiva.
Por lo tanto, estableció el Pleno, criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional.
Por otra parte, la Corte extendió la determinación de inconstitucionalidad hacia porciones legales que impedían que la mujer fuera asistida por personal sanitario en un aborto voluntario, limitaban a 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación o implantación artificial y establecían una pena menor para el delito de violación entre cónyuges, concubinos(as) y parejas civiles, que la pena para la violación en general, por ser discriminatoria, especialmente contra las mujeres.
En un comunicado, la SCJN sostuvo que al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México; tanto federales como locales.
A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta y ninguna mujer volverá a ser encarcelada.
En la sesión del pleno del 9 de septiembre, las y los Ministros tomaron otra determinación que ratifica su resolución previa, al invalidar la porción normativa del artículo 4° Bis A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa que establecía que la tutela del derecho a la vida inicia “desde el momento en que un individuo es concebido, (por lo que) entra bajo la protección de la Ley correspondiente, hasta su muerte”.
El Pleno consideró que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General.
Sin lugar a dudas, estas dos decisiones fortalecen la tendencia progresista que ha asumido la SCJN y, como bien sostuvo el Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, representan un fallo histórico en la lucha por los derechos y libertades de las mujeres, particularmente de las más vulnerables.
Consecuentemente, el Ministro instó al Instituto Federal de Defensoría Pública para brindar asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento por el delito de aborto o sus equivalentes.
La perspectiva de la SCJN no sólo conlleva un triunfo histórico en la lucha por la igualdad de derechos, sino que se erige como un contrapeso frente a la agenda regresiva que ha asumido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, particularmente en lo que respecta a las mujeres.
López Obrador se equivocó de manera rotunda al sostener, frente a la resolución de la Corte, que no fijaría una posición por ser el aborto un tema que genera opiniones encontradas, ya que él es Jefe del Estado Mexicano, y como tal está obligado a garantizar lo establecido en la Constitución de la República y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Andrés Manuel se ha topado, de nuevo, con las mujeres.
