DIVISADERO/Eduardo González
Desde su arribo a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha dejado en claro dos cosas: tiene prisa de acabar con la herencia de Donald Trump y para hacerlo la mejor manera es mediante Órdenes Ejecutivas. Gobernar con decretazos.
Bajo esta lógica, el jefe de la Oficina Oval ha firmado desde el 20 de enero más de dos docenas de decretos de naturaleza diversa.
Entre los más significativos y urgentes se encuentran los encaminados a enfrentar de mejor manera la pandemia de coronavirus, a saber: durante los primeros cien días de gobierno será obligatorio el uso de la mascarilla en todas las instalaciones federales y en los medios de transporte público; quienes lleguen desde un país extranjero deberán presentar la prueba de la Covid-19 negativa, y se mantienen las restricciones a los viajeros desde los países europeos de la zona Schengen, el Reino Unido, Irlanda, Brasil y Sudáfrica.
También creó la figura del coordinador contra el Covid-19 cuya responsabilidad será supervisar el suministro, distribución y administración de vacunas, así como la producción de equipos y las pruebas de coronavirus.
En lo que respecta a la migración, mientras se decide en el Congreso el rumbo que tendrá la ambiciosa reforma migratoria que envío el Ejecutivo, se mantiene el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a 650 mil dreamers; se congeló la construcción del muro fronterizo; se suspendió la política de “tolerancia cero” que ocasionaba la separación de familias migrantes al momento de ingresar sin autorización a Estados Unidos.
Fueron detenidas las deportaciones de varios tipos de migrantes durante los primeros cien días de gobierno; y se autorizó que el censo de población incluya a los migrantes “sin papeles”.
En lo referente al medio ambiente, el presidente Biden regresó a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre cambio climático; canceló el proyecto del oleoducto Keystone XL, y suspendió nuevas concesiones de petróleo y gas natural en áreas federales y aguas territoriales.
En otros asuntos, canceló la Comisión 1776 creada por Donald Trump, que había publicado un informe que, según historiadores, distorsionaba la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Firmó una orden que previene de discriminación en el puesto de trabajo por motivo de orientación sexual o identidad de género en el gobierno federal.
Extendió hasta el 31 de marzo la moratoria y los desalojos a quienes no puedan pagar su alquiler y las hipotecarias debido a la crisis económica, también amplió hasta el 30 de septiembre la pausa al pago de deuda estudiantil a favor del gobierno federal.
Decidió no renovar los contratos del gobierno con las empresas que administran cárceles privadas. Revocó la prohibición de la admisión de personas transgénero en las Fuerzas Armadas. Suspendió la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Anuló el veto a los viajeros de once países de mayoría musulmana (Eritrea, Irán, Kirguistán, Libia, Myanmar, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania y Yemen). Suspendió temporalmente todos los acuerdos de comercio de armas con otros países.
Así las cosas, frente a la pesada losa que recibió del republicano y ante la cantidad abrumadora de pendientes y problemas de urgente resolución, la nueva administración apuesta a recomponer el rumbo con los decretos, en tanto el gobierno comienza a controlar de mejor manera los hilos de la administración pública que aún tienen actores y acciones heredadas del trumpismo.
Por el bien de la sociedad estadunidense y en aras de la reconfiguración del tejido social de la Unión Americana, ojalá que la clase política entienda que, aunque no es lo más adecuado, en estos momentos urge gobernar con decretos.
