HABLEMOS DE DERECHOS/Salvador Romero
En una decisión sin precedentes en la historia de las Redes Sociales Digitales, el pasado mes de mayo Facebook formalizó la integración de un ente colegiado denominado “Junta de Supervisión” (Oversight Board).
La Junta en ciernes fue anunciada por Mark Zuckerberg en el mes de noviembre del año 2018, señalando que: “Muchos nos interesamos en la tecnología porque creemos que puede ser una fuerza democratizadora, capaz de poner el poder en manos de la gente. Siempre me he preocupado de ello y por esa razón nuestra principal misión siempre ha sido: darle el poder a la gente.”
Para lograr lo anterior, es que se concibió la idea de generar una Junta que funcionara de manera autónoma e independiente de Facebook, utilizando en su construcción bases similares para la rendición de cuentas horizontal, concebidas para las autoridades dentro de un estado democrático (una especie de “organismo constitucional autónomo”).
Otra de las grandes premisas que llevó a crear esta Junta fue el reconocimiento por Zuckerberg de que la gran responsabilidad en materia de libertad de expresión y seguridad que tenía Facebook en sus manos debía de ser compartida, señalando que: “Nuestro enorme tamaño conlleva también una enorme responsabilidad, y aunque siempre nos hemos asesorado de expertos sobre cómo mantener nuestras plataformas seguras, hasta hoy, habíamos tenido la última palabra sobre qué debe permitirse y que debe de censurarse de nuestras plataformas. Y esas decisiones no son fáciles de tomar… por las significativas implicaciones que pueden tener para la libertad de expresión.”
Con esas premisas en mente, se determinó crear la Junta de Supervisión, integrada actualmente por un total de 20 miembros, de los cuales únicamente 4 fueron nombrados directamente por Facebook, y los otros 16 conjuntamente con la intervención directa de los primeros 4, buscando garantizar perfiles con vasta experiencia en materias como: libertad de expresión, derechos humanos, derecho constitucional, libertad de conciencia y religión, filosofía, política, etc.
Además, buscaron garantizar una pluralidad de visiones culturales que evitaran sesgos demasiado “occidentalizados”.
Así las cosas, la Junta quedó formalmente integrada por 20 miembros, que han vivido en más de 27 países y que hablan al menos 29 idiomas, cuyo objetivo será precisamente analizar los temas y publicaciones más polémicas y debatibles relacionadas con posibles violaciones a las políticas de Facebook, cuyas decisiones serán finales con la única limitante de que no contravengan ninguna ley vigente.
A partir de la presentación de los primeros 20 miembros de dicha Junta en mayo (cuyo nombramiento original es por 3 años con posibilidad de ratificación hasta por otros dos periodos), ellos mismos deberán de seleccionar y nombrar otros 20 miembros, ya sin ninguna intervención de Facebook.
Vale la pena señalar que, para garantizar la autonomía de la Junta, Facebook creó un fideicomiso irrevocable de $130 millones de dólares americanos (alrededor de 3,000 millones de pesos mexicanos), recursos ya completamente ajenos a la compañía, y que garantizarán la operación, los sueldos y la libertad absoluta de análisis de los miembros de dicha Junta.
En este contexto es justo decir que, una parte importante del derecho global a la Libertad de Expresión -e incluso la seguridad de millones de personas-, no estarán directamente garantizados por los Estados formalmente establecidos (cuya jurisdicción y competencia pareciera ser ajena a la censura dentro de las plataformas de Redes Sociales Digitales), ni por las cortes nacionales o internacionales en materia de derechos humanos, sino por la Junta de Supervisión de Facebook, creada ex profeso por una empresa privada para buscar la defensa de la libertad de expresión de la comunidad de usuarios de redes sociales más grande de la historia y más grande incluso que la población de cualquier país: 1,690 millones.
