DIVISADERO/Eduardo González
Esta semana la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdm) presentó su informe Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México 2017 (La Jornada, 3 de mayo de 2018).
En el texto queda evidenciado la creciente y desesperada estrategia de supervivencia llevada a cabo por miles de mexicanos: huir de su lugar de residencia. Huir del “lugar equivocado”. Huir y dejar atrás su historia.
En tanto la violencia y la inseguridad no parecen tener fin, la población vive en desbandada con la incertidumbre como futuro.
En año pasado, en México 20 mil 390 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, el principal motor de ello fue la violencia e inseguridad en el país, con ese número de desplazados, la población en esa condición llegó al menos a 329 mil 917 desde 2006 que inició el sexenio de Felipe Calderón y su fallida guerra contra el crimen organizado.
Nadie de los desplazados decidió hacerlo, al contrario, experimentaron la obligatoriedad de escapar para salvar sus vidas. Por otro lado, del total de desplazados en 2017, 12 mil 323 fueron indígenas, cuyas tierras han sido copadas por los cárteles de la droga, así como la mano de obra de los pueblos originarios es contratada, muchas de las veces de manera forzada, para trabajar en la producción y comercialización de las drogas.
La violencia o el miedo experimentados por los desplazados tiene varias caras, no se trata únicamente de asuntos relacionados con el crimen organizado que obligó a 11 mil 232 personas a escapar de sus comunidades; también la violencia política, la conflictividad social y las disputas territoriales expulsaron de sus hogares a 8 mil 928 mexicanos; mientras 230 fueron corridos debido a proyectos extractivos mineros donde el gobierno federal ha puesto en bandeja de plata las condiciones necesarias para que las empresas mineras extranjeras exploten sin regulación alguna los yacimientos mexicanos; sin importar tampoco los daños causados a los ecosistemas y las precarias condiciones de trabajo que ofrecen a los mineros.
Finalmente, la materialización de las agresiones muestra un amplio repertorio según el documento en cuestión, a saber: el uso de armas o presencia de sujetos armados; amenazas e intimidación, y la quema, destrucción o ataque con armas de fuego a casas, cultivos, negocios o vehículos.
Así las cosas, la desbandada de mexicanos desde sus terruños ya no es solo un asunto de desempleo, se trata de niveles altísimos de violencia estructural que continúan precarizando la vida de todos en la República mexicana.
