PERSPECTIVA21 Verónica Juárez Piña
La detención del exprocurador Jesús Murillo Karam debe fundarse en pruebas sólidas que realmente demuestren que la llamada Verdad Histórica fue un expediente fabricado con que se pretendió dar carpetazo a la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De lo contrario, se verá como una detención con fines políticos que prolongará el acceso a la justicia a la que tienen derecho las víctimas.
De entrada, que la detención se derive del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa es un mal augurio, pues La información que contiene la mayor parte de las conclusiones de dicho informe ya eran del conocimiento de las autoridades porque fueron parte de las líneas de investigación de lo que hizo la entonces Procuraduría General de la República o había sido aportada por investigaciones periodísticas u organismos internacionales como el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).
Información clave como que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, que no hay indicios de que los normalistas se encuentren con vida, que los presuntos responsables de esta desaparición fueron el crimen organizado e integrantes de policías municipales de Iguala y Huitzuco, que la Policía Federal y el Ejército no protegieron a los estudiantes y que éste último tenía infiltrados en la Normal Isidro Burgos y por lo tanto sabía lo que estaba sucediendo en el plantel; eran ya del conocimiento de la Fiscalía General de la República, del presidente López Obrador y de la propia Comisión de la Verdad.
La Comisión perdió un tiempo valioso para avanzar, cuando lo que debió haber hecho fue tomar en cuenta las líneas de investigación ya exploradas y trabajar de manera conjunta con las madres y los padres de familia, organismos como el GIEI e investigar a fondo la intervención del Ejército y la Policía Federal, presionar para que la SEDENA entregara todos los archivos relativos al caso; y para que la Fiscalía General de la República actuara en consecuencia con mucho tiempo antes.
Pero la Comisión optó por partir de cero y llegó prácticamente a las mismas conclusiones, pero no sólo eso, la FGR ha sido omisa en aportar pruebas para evitar que presuntos involucrados en estos hechos fueran liberados.
Si con esta negligencia actuará en el caso de Murillo Karam y otras eventuales detenciones que se deriven del informe, entonces no habrá resultados que permitan hacer justicia.
Hasta finales de 2019 habían sido liberadas 77 personas de 142 detenidas presuntamente involucradas en la desaparición de los estudiantes, entre ellos Gildardo López Astudillo, ‘El Gil’, del grupo criminal Guerreros Unidos y quien supuestamente tuvo un papel determinante en la desaparición de los 43 normalistas, luego de que juez desestimó las pruebas en su contra y de que la FGR no presentara nuevas evidencias.
Sería muy lamentable que la detención de Murillo Karam se convierta en un distractor con fines políticos en el marco de las próximas elecciones.
Es impostergable conocer a fondo la verdad de la desaparición de los 43 estudiantes y es absolutamente necesario hacer justicia y llevar a la cárcel a los responsables. Volver a fabricar pruebas e inventar culpables, sería otro grave engaño a los padres de familia.
