DIVISADERO
Eduardo González Velázquez
Los sistemas carcelarios como negocio privado. La impartición de justicia como cotos de poder en beneficio de unos cuantos. El maridaje entre iniciativa privada y gobiernos para obtener recursos con la fachada de la reinserción social de quienes cometen un delito.
Amplias condenas dictadas por los jueces como estrategia para beneficiarse económicamente de acciones judiciales. Estas prácticas y discursos subyacen en el fondo del sistema de prisiones privadas en Estados Unidos.
Una vez más esta realidad se muestra en la sociedad estadunidense. En esta ocasión es con un episodio del documental sobre el escándalo conocido como Kids for cash (Niños por dinero). En la pieza audiovisual se aborda el caso de los jueces de Pensilvania, Mark Ciavarella y Michael Conahan que organizaron un esquema para enviar a menores de edad a prisiones privadas a cambio de sobornos.
La telaraña de corrupción y violación de derechos humanos de los menores se levantó mediante varios pasos. Primero, ambos jueces cerraron un centro municipal de detención juvenil y aceptaron 2.8 millones de dólares en pagos legales del constructor y codueño de dos prisiones privadas.
Segundo, Ciavarella, quien presidía la corte juvenil, promovió una política de cero tolerancia que garantizó que gran cantidad de menores fueran enviados a PA Child Care y Western PA Child Care. En seguida, Ciavarella ordenó cárcel incluso para niños de apenas 8 años, muchos de ellos por delitos menores como hurto.
A menudo ordenaba que los chicos fueran encadenados, esposados y llevados inmediatamente a prisión sin oportunidad de despedirse de sus familias. Actualmente Ciavarella cumple una sentencia a 28 años en prisión; y Conahan, que fue sentenciado a más de siete años, fue enviado a arresto domiciliario en 2020 – con seis años restantes a su sentencia– debido a la pandemia del covid-19 (La Jornada, 18 de agosto de 2022).
Frente a este evidente caso de corrupción y abuso de poder, La Suprema Corte de Pensilvania anuló los fallos de culpabilidad contra unos 4 mil menores tras conocerse el esquema de corrupción. A consecuencia de ello, los jueces encarcelados tendrán que pagar más de 200 millones de dólares a cientos de víctimas.
Se impone recordar que el negocio de las cárceles privadas se extiende a otros escenarios. Por ejemplo, las detenciones de las personas migrantes. Las cárceles privadas reciben anualmente a miles de exiliados económicos detenidos por las autoridades estadunidenses antes de ser deportados al sur del río Bravo.
Desde sus orígenes en la década de los años ochenta del siglo pasado, esta práctica no ha cesado, y fue durante la primera década de este siglo que tuvo su mayor crecimiento. De 1999 a 2010, el número de reclusos en prisiones privadas aumentó 80 por ciento, multiplicando casi por cinco con relación al aumento en el conjunto de la población carcelaria que fue de 18 por ciento.
Así, el sistema carcelario privado en Estados Unidos se ha constituido en un sistema paralelo a los centros de detención gubernamentales y ha crecido exponencialmente desde inicios de la década pasada robusteciéndose cada día más.
El “negocio” de las cárceles privadas es tan jugoso que las compañías como GEO y CCA sistemáticamente cabildean en los pasillos políticos y contribuyen con millones de dólares para fondear las actividades partidistas de representantes republicanos y demócratas, buscando que favorezcan y amplíen ese negocio.
Sin más, el “impartición” de justicia y la política de “reinserción social” como negocio privado que comparten empresarios y autoridades gubernamentales.
