PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
Exasperado por la decisión de la oposición de no permitir que el mando de la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque ello desvirtuaría la función para la que fue creada esta corporación y, además, se profundizaría la militarización del país, el presidente López Obrador anuncio un decreto para concretar esta medida, que a todas luces es ilegal.
López Obrador pretende así gobernar por decreto y darle la vuelta a la decisión ciudadana de no otorgar mayoría calificada a Morena y a sus aliados, con lo que están imposibilitados para reformar la Constitución.
Es decir, para no sujetarse a los contrapesos constitucionales y a la división de poderes, el Ejecutivo Federal quiere hacer creer que puede imponer una medida como ésta sólo con una modificación legal, cuando lo que se requiere es una reforma a la Carta Magna. Este es un tema en el que tendrá que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De entrada, es urgente que el pleno de la SCJN resuelva la Controversia Constitucional interpuesta el 20 de junio de 2020 por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en contra del acuerdo presidencial por el que se ordenó disponer, hasta el 27 de marzo de 2024, de la Fuerza Armada Permanente para tareas de seguridad pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020.
López Obrador ha abusado de la facultad de emitir decretos, pasando por encima de la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, violentando las sentencias de organismos internacionales y la autonomía de los órganos del Estado.
El presidente, al no tener condiciones para reformas constitucionales, busca generar un marco jurídico alterno que responda a sus intereses, en detrimento del Estado de Derecho y de las instituciones civiles. Las Fuerzas Armadas han invadido espacios públicos, distribuyen vacunas y becas, construyen trenes y refinerías, controlan la seguridad pública y las aduanas.
En este contexto, el fortalecimiento extra institucional de las instituciones militares resulta muy peligroso para su integridad ya que se encuentran expuestas a la corrupción y funcionan en detrimento de las instituciones civiles, que son las que debiéramos estar profesionalizando.
Desde el PRD rechazamos el acuerdo que el presidente emita para concretar la militarización de la Guardia Nacional que, constitucionalmente es un cuerpo civil de policía. Exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva a la brevedad los recursos de control constitucional que tiene en su poder, con el objeto de determinar la inconstitucionalidad de estas acciones.
Demandamos al presidente de la República que respete la Constitución y destine los recursos necesarios para la profesionalización y capacitación de las policías estatales y municipales, lo cual generará un nuevo paradigma de seguridad, cercana a la ciudadanía. La militarización de la vida pública, estamos convencidas y convencidos, no es la respuesta.
