PUNTO CRÍTRICO
Gabriel Torres Espinoza
La Asociación “Parque Resistencia de Huentitán”, hace 150 días inició un movimiento social, en protesta por la edificación de Iconia, ese proyecto que se ha apropiado, sin pagar, de un terreno que pertenece a la Ciudad de Guadalajara, y que fue cedido a un grupo de desarrolladores extranjeros, por primera ocasión, por el entonces presidente municipal del PAN, Alfonso Petersen Farah.
Un acuerdo a todas luces fraudulento, que aceptaba pagos especie, con un paquete de cambio de uso de suelo y permisos de construcción incluidos.
Han pasado gobiernos del PAN, del PRI y de MC, y a pesar de existir varios convenios posteriores -todos desventajosos para la ciudad y a modo para los bribones que se dicen empresarios-, todas las contraprestaciones pactadas se han incumplido, no solo en el tipo de obras a retribuir para la ciudad (¿por qué se vende ese valioso predio y se acepta pago en obras a sobre precio?), sino en el tiempo firmado para concluirlas (el último plazo venció en diciembre de 2018, sin que a la fecha jamás se haga valer la penalización correspondiente por incumplimiento).
Es un gigantesco fraude que se comete a los ojos de toda la clase política (en su mayoría cómplice), de las cámaras y organizaciones empresariales, de organizaciones de la sociedad civil, del Sistema Estatal Anticorrupción, del Poder Judicial, Legislativo y del Sistema de Partidos, sin que nadie se atreva a presentar resistencia al ‘cartel inmobialiario’ por la estafa en perjuicio de Guadalajara, off course, solapada desde la autoridad de diversos gobiernos.
Pero ante el descaro del robo y el daño ambiental que el proyecto supone para los ciudadanos de la zona de Huentitán, un grupo de vecinos y algunos integrantes de las Federación de Estudiantes Universitarios, tomaron la iniciativa de constituir una “resistencia” comunitaria.
La semana pasada fueron desalojados con lujo de violencia, aprovechando la oscuridad de la noche.
El valor civil de quienes han dedicado 150 días de sus vidas a defender un predio público, podría ser aprovechado por los gobiernos, para revertir las condiciones nocivas que en su momento se pactaron (¿fraudulentas?), y que hoy podrían ser motivo de una mediación honrada para corregir este agravio públicamente reconocido, en rescate del patrimonio e interés de la Ciudad.
Para los gobiernos que hoy ejercen el poder, no es sino la oportunidad para corregir, lo que, en efecto, se tramó en otros periodos de gobierno.
Básicamente porque a la distancia, cualquiera puede identificar una cantidad de errores intencionadamente cometidos -que son motivo de responsabilidad- para que se fraguara uno de esos grandes negocios, ‘al estilo Jalisco’ (donde pierde el patrimonio público, para que ganen los vivales que se dicen empresarios).
Para los gobiernos, la iniciativa de los vecinos “Resistencia de Huentitán” significa una extraordinaria oportunidad para tomar cartas en el asunto, y con ello ganar capital social al resolver un problema que acusa mucha corrupción durante un largo periodo de tiempo.
No habría razón para que ninguna autoridad del gobierno se llame agraviada porque los ciudadanos y jóvenes estudiantes reclamen su derecho a una mejor ciudad y a la defensa del patrimonio público, ilegítimamente cercenado por Iconia.
