EN2RUEDAS/Jesús Casillas
No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. En unas horas toma posesión del cargo el Presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y con ello, se acentúa el temor de más de 12 millones de mexicanos que emigraron a ese país de manera indocumentada.
Dentro de este universo de connacionales, existe uno que es considerado particularmente vulnerable. Se trata de los jóvenes comúnmente denominados “dreamers” (soñadores), o jóvenes DACA, en alusión a las siglas del programa migratorio que les ha protegido de una eventual deportación desde hace 5 años.
DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) es un programa basado en una orden ejecutiva dictada en el año 2012 por el Presidente Barack Obama, que protegió de la deportación a jóvenes que llegaron como indocumentados a los Estados Unidos cuando eran niños.
Los beneficios obtenidos consistieron en no ser deportados, la obtención de un permiso anual renovable para laborar, un número de seguridad social y hasta la expedición de licencias para conducir.
Se estima que el universo de jóvenes protegidos por el programa supera los 1.3 millones de personas, de los cuales, más de 900 mil son mexicanos, en su mayoría residentes en el estado de California.
Ahora su vulnerabilidad radica en que están debidamente identificados y localizados, además de que las órdenes ejecutivas y programas migratorios administrativos que no se basan en una ley del Congreso, pueden ser suprimidos en un “abrir y cerrar de ojos” por parte del Presidente, que de hecho así lo prometió desde su campaña, “eliminar las órdenes ejecutivas en el primer día”.
Ante la grave situación que se pronostica para los migrantes mexicanos en el vecino país del norte, es necesario prever el retorno y atención de niños y jóvenes en edad escolar que podría hacerse necesario incorporar al Sistema Educativo Nacional a fin de que puedan continuar con sus estudios, incluso, para quienes transitan entre ambos sistemas, el de Estados Unidos y el nuestro.
Para ello, se advierten algunos por así decirlo, inconvenientes previsibles que debemos sortear de manera eficaz. Por ejemplo, los relativos a la revalidación o reconocimiento de sus estudios y en otros de los casos, cuando se trata de jóvenes nacidos ya en el extranjero, la dificultad para cumplir los requisitos de inscripción como el acta de nacimiento apostillada y traducida por perito oficial, con motivo de su doble nacionalidad.
Sin decir del agobio que el trance de una deportación puede ocasionar, con dificultades para adaptarse a una nueva vida y a un entorno educativo y cultural diferente.
Por ello, en el Senado de la República hemos avanzado en una serie de propuestas, iniciativas y trabajos conjuntos con el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, para realizar las acciones necesarias y encaminadas a flexibilizar los requisitos y en general, impulsar el pleno acceso a la educación para todos los jóvenes que pudieran verse afectados por casos de repatriación.
Aún se conserva la esperanza de que estos jóvenes “Dreamers” no sean una prioridad en la política antimigratoria del nuevo Presidente de los Estados Unidos, y puedan continuar con sus aspiraciones y dejar de lado la pesadilla que ahora viven.
Hoy más que nunca el Estado Mexicano se ha involucrado de manera constante y con mayor interés en la calidad de vida de sus connacionales emigrantes. En México habremos de ocuparnos para que los jóvenes “soñadores” cuenten con el máximo apoyo posible.
