PERSPECTIVA21Verónica Juárez Piña
A fin de garantizar el interés superior de la infancia, el Estado Mexicano está obligado a instrumentar una política pública integral para atender a niñas, niños y adolescentes, que quedaron huérfanos al perder su madre, padre o ambos, por la pandemia.
Según un análisis publicado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, hasta el 22 de septiembre de 2021, México ocupaba el tercer lugar mundial por el número total de niñas , niñls y adolescentes que quedaron en orfandad debido a la muerte de sus padres o tutores por Covid-19, con 244,500 casos. (El Economista, 06/10/2021)
Por su parte, el DIF, en colaboración con los Sistemas Estatales y Municipales, la UNAM y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); elaboró un estudio preliminar en el cual estima que, en nuestro país, la crisis sanitaria dejó en la orfandad a 118 mil 362 menores de edad.
De estos, 86 mil 188 perdieron a su padre, 32 mil 50, a su madre, y 124 menores de edad, a ambos padres. (Excélsior, 24/09/2021)
Al respecto, al DIF anuncio la instalación de una “Mesa Interinstitucional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por covid-19”, para unificar esfuerzos y orientar, de mejor manera, las políticas públicas a su favor; lo cual resulta urgente, puesto que los apoyos desplegados hasta este momento por el gobierno federal a través de los programas de asistencia social no sólo son insuficientes, sino aislados.
Lo que se requieren es destinar una partida específica para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad de la pandemia; a fin de garantizar su derecho a la salud, alimentación, educación, y vivienda, entre otros.
Frente a esta crisis de carácter mundial, Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, declaró que “mientras la COVID-19 sigue devastando familias y comunidades, debemos proteger el derecho de todos los niños a vivir y crecer en un entorno que apoye su desarrollo físico, psicológico, social y emocional”.
La UNICEF emplazó a los gobiernos a desplegar una serie de acciones inmediatas, entre ellas garantizar que las familias tengan un acceso continuado a la protección social, el asesoramiento y la atención sanitaria; y reforzar los servicios de protección de la infancia, incluidos los trabajadores de los servicios sociales, para las niñas, niños, adolescentes y las familias vulnerables.
Así como trabajar con los empleadores para promover políticas favorables a la familia que permitan a los cuidadores atender al niño en cualquier circunstancia; y mantener abiertas y accesibles las escuelas y otros servicios para niños.
En un punto de acuerdo presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados, en mi calidad de Coordinadora del GPPRD, en la LXIV Legislatura, solicité al DIF, a la Secretaría de Bienestar, a la de Salud y a la SEP; implementar de manera urgente un plan integral de atención a las y los niños huérfanos debido a la pandemia.
En ese entonces, julio de 2021, el DIF sólo reconocía la existencia de 6,866 niñas y niños en esa condición; hoy, son más de 118 mil, lo que hace aún más urgente atenderlos.
Pero esta medida debería ser mucho más amplia y también abarcar a los infantes que han perdido su madre, padre o ambos progenitores por la violencia que azota el país, y como consecuencia de los feminicidios. Sobre el primer caso, no hay cifras precisas, en tanto que, un censo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; determinó que hay 4,966 menores de edad en orfandad por el asesinato de sus madres.
Frente a este panorama, es urgente que el Estado Mexicano rectifique sus omisiones, cumpla con sus obligaciones constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos, y garantice el interés superior de la infancia; en particular de miles de niña, niños y adolescentes huérfanos.
