DIVISADERO
Eduardo González Velázquez
La presidencia de Joe Biden continúa su andar y su política migratoria sigue mostrando dos caras: apoyo y persecución a los “indocumentados” mexicanos y centroamericanos y algunos alivios para ellos en la Unión Americana.
Desde el arribo a la Oficina Oval, el demócrata se mantiene atrapado entre el cumplimiento de sus promesas electorales y los intereses de sus correligionarios, y por supuesto, con la negativa de los Republicanos para andar el camino junto a los Demócratas.
Frente a ese complejo escenario, la Casa Blanca ha decidido apretar y aflojar sus medias migratorias conforme a los tiempos y necesidades políticas tratando de avanzar en su proyecto inicial.
Como resultado de ello, tenemos luces y sombras en la estrategia general del gobierno estadunidense para reordenar los procesos migratorios hacia el vecino del norte.
Por un lado, pone énfasis en ayudar a poblaciones afectadas por desastres naturales en Centroamérica; promueve la migración a través de programas controlados de asilo y refugio; amplía el acceso a la protección de poblaciones vulnerables en los países de origen por la violencia callejera o la urgencia económica; extiende los programas de trabajo temporal con las visas H-2A y H-2B; apoya la inserción de los migrantes retornados a sus comunidades a fin de evitar el regreso “irregular” a Estados Unidos.
Impulsa programas económicos y sociales en los países del Triángulo del Norte centroamericano; continúa promoviendo el uso de la tecnología para detectar a las bandas de tráfico de personas en la frontera; ha incrementado la protección y el acceso a oportunidades en Estados Unidos para las personas migrantes.
El presidente Biden se mantiene con la idea de darle la ciudadanía a los dreamers, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales; se ha buscado trabajar con el sector privado a fin de obtener recursos necesarios para apoyar a los migrantes; y en el presupuesto para el año fiscal 2022 se incluyó una inversión de $861 millones de dólares para abordar las causas de la migración “irregular”.
Si bien, todo ello es positivo, no es suficiente.
En contra parte, se continúa con las deportaciones y las negativas constantes a las solicitudes de asilo de los centroamericanos.
Asimismo, el número creciente de familias migrantes que cruzaron la frontera en las últimas semanas ha provocado un 585% de incremento en la capacidad de las estaciones de la Patrulla Fronteriza, por lo que muchas de ellas han sido transferidas en custodia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con monitores de tobillo y una cita en la corte para presentar su caso de asilo.
De igual manera, se mantiene la política iniciada por Donald Trump conocida como Título 42 para expulsar a los migrantes de regreso a México antes de que puedan presentar una solicitud de asilo.
Se han reiniciado los vuelos para acelerar el traslado de familias migrantes a Centroamérica, con el argumento de que es “un medio legal para administrar la frontera de manera segura”.
La dura política de seguridad fronteriza ha ocasionado la detención de 1.1 millones de personas durante los primeros seis meses de este año fiscal, solo en junio se registró un récord de casi 190 mil detenciones, y en julio se reportó el arribo de al menos 19,000 menores. Sin olvidar que la reforma migratoria sigue durmiendo el sueño de los justos en el Congreso.
Así, el paso de estos primeros meses de la presidencia de Joe Biden: da y quita a los migrantes manteniéndolos en el limbo legal en cuanto a su estatus en la Unión Americana.
Profesor-investigador del Depto. de Relaciones Internacionales, región occidente. Tec de Monterrey.
@contodoytriques
