HABLEMOS DE DERECHOS/Salvador Romero
Cada día 1 de noviembre el gobierno de Finlandia otorga acceso a un portal en el cual se encuentran publicados los ingresos e impuestos pagados por todos los contribuyentes finlandeses; a ese día se le conoce en dicho país como el “Día Nacional de los Celos”, toda vez que toda la sociedad puede “morirse de la envidia” al saber que los ingresos de sus familiares, amigos o vecinos son mayores que los suyos.
Finlandia no es el único país que tiene políticas de transparencia totales en este rubro, otros países escandinavos como Suecia y Noruega también tienen niveles de apertura altos en materia de contribuciones e ingresos de sus ciudadanos, con otro tipo de restricciones, por ejemplo en Suecia, donde para conocerlos es necesario solicitarlos vía telefónica desde una línea registrada, y a sabiendas de que el titular de dichos datos será enterado del nombre de la persona que solicitó esa información.
En nuestro México, la publicidad de ingresos y contribuciones se volvió una realidad hace apenas un par de décadas, pero únicamente la relacionada con los sueldos de servidores públicos de la federación y de algunas entidades federativas, con el objeto de permitir a la sociedad ejercicios de rendición de cuentas relacionados con ingresos y responsabilidades de sus gobernantes.
Actualmente prácticamente la totalidad de los ingresos de la totalidad de los servidores públicos del país, de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), así como de paraestatales y organismos desconcentrados o autónomos, son completamente públicos.
El debate que desde las elecciones del 2015 se subió a la palestra pública, principalmente por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y Transparencia Mexicana, fue la necesidad de que aquellos candidatos y funcionarios públicos de primer nivel (principalmente), dieran a conocer a la sociedad mexicana lo que desde entonces fue conocido como su “Declaración 3 de 3”, es decir: Su declaración patrimonial (sus bienes y recursos), su declaración fiscal (sus ingresos e impuestos pagados) y su declaración de intereses (sus acciones y empresas, y las de sus familiares cercanos).
Dicha iniciativa ciudadana tuvo eco entre diversos funcionarios y candidatos, aunque sin llegar a ser adoptada por la mayoría de ellos, sin embargo, el respaldo social tan grande que tuvo, pronto la convirtió en una iniciativa popular que se presentaría ante el Congreso de la Unión y que se traduciría en una reforma legal, que actualmente obliga a la totalidad de los servidores públicos del país, aunque es evidente que éstos aún siguen representando un porcentaje relativamente muy bajo respecto del total de la población en nuestro país.
En ese contexto, algunas de las grandes preguntas sobre las que creo que vale la pena reflexionar son las siguientes:
¿Está México -o las y los mexicanos- preparados para un “Día Nacional de los Celos” ?; ¿Ayudaría una reforma de máxima publicidad en materia de los ingresos de todos los contribuyentes en México a combatir la corrupción y la impunidad?; ¿Generaría condiciones de -todavía- mayor inseguridad el que todos pudiéramos conocer los ingresos y contribuciones de los demás?; ¿Se justifica una violación a la privacidad de ese tamaño el interés público de que todos sepamos lo que ganan todos los demás?; ¿Te atreverías a denunciar a tu vecino, que reportó ingresos por $100,000 pesos anuales al fisco y que conduce un carro de $1,000,000 de pesos?…
