HABLEMOS DE DERECHOS/ Salvador Romero
El Sistema Nacional de Transparencia (SNT) se creó con el objeto de garantizar de manera uniforme, responsable y solidaria tanto el derecho a la información como el derecho a la protección de datos personales de todas las personas en este país.
Dicho Sistema está conformado por el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, el INEGI, y por los 32 Institutos o Consejos de Transparencia (OGT) de cada una de las 32 entidades federativas en que se divide nuestro país, entre los cuales se encuentra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).
En ese contexto el pasado día 24 de febrero, durante la celebración de la sesión de la Comisión Jurídica de dicho Sistema, tuve conocimiento que tres integrantes del SNT -específicamente los tres comisionados del Instituto de Transparencia de Chiapas (IAIP)- fueron citados por el Secretario General de Gobierno de dicha Entidad, con el objeto de pedirles su renuncia al cargo por aparentes instrucciones directas del Gobernador, a pesar de restarles todavía varios años a su nombramiento legalmente expedido por el Poder Legislativo de Chiapas en 2016.
Cabe señalar que de conformidad con la Constitución Federal los Institutos de Transparencia son autónomos, precisamente con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus funciones con total independencia de cualquier otro poder del Estado, llámese éste Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y de esa forma tener las herramientas indispensables para poder proteger los derechos humanos a la Información y a la Protección de Datos Personales.
Por ello, el hecho de que desde la oficina del funcionario jerárquicamente más cercano al Gobernador de un Estado, se les haya exigido la renuncia a los tres integrantes de uno de estos Organismos Garantes, sin argumentos ni razón legal que lo justificara, es uno de los atentados más graves al derecho a la información que ha existido en la era moderna de nuestro país.
Desgraciadamente, parece que en el estado de Tabasco ya se consumó una situación similar, con la inexplicable e intempestiva renuncia del comisionado presidente del Instituto de dicha entidad.
En mi consideración, una violación de tal magnitud no constituye solamente un atentado contra el Organismo Garante Chiapaneco ni contra el pueblo Chiapaneco, constituye un atentado en contra de todo el SNT ya que como cualquier ente compuesto, cuando se ataca, agrede, cercena o daña alguna de sus partes, se daña a todo el órgano o ente completo.
En ese sentido, quienes formamos parte del SNT y quienes estamos preocupados por la protección a los derechos humanos y el Estado de Derecho, estamos obligados a alzar la voz y a denunciar esta clase de atropellos que abren la puerta al totalitarismo, a la corrupción, a las dictaduras, a la destrucción de contra pesos y a la desaparición de la democracia y de la rendición de cuentas.
Ningún golpe al SNT puede ni debe quedar impune pues si quienes lo integramos callamos ante este tipo de circunstancias -parafraseando a Martin Niemöller- poco habrá por hacer cuando otro integrante del Sistema sea víctima de lo mismo, pues nadie quedará para hablar por él.
