PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
Las y los Diputados Federales del PRD expresamos nuestra solidaridad con todas y todos los habitantes de Culiacán, Sinaloa; que el jueves pasado sufrieron horas de terror y pánico. Rechazamos y condenamos contundentemente toda expresión de violencia.
La planeación del operativo por el que se pretendió aprehender a Ovidio Guzmán López fue deficiente e inservible, no tomó en consideración las condiciones locales, puso el riesgo a la población y no diseñó las medidas preventivas que aseguraran su éxito.
Hay que señalarlo con todas sus letras: la violencia desatada en Culiacán fue un abierto reto al Estado y, por sus vergonzosos resultados, el operativo mostró a las demás organizaciones delincuenciales lo que pueden hacer para someterlo. La consecuencia directa de este fallo será un incremento de los índices de violencia en todo el país.
El Gobierno Federal debe replantear la estrategia de seguridad. Deben contemplarse las acciones con uso legítimo de la fuerza, bajo los principios de racionalidad, proporcionalidad y necesidad, conforme a la ley que con tanta premura aprobamos, para la defensa de la población.
Es imprescindible que el titular del Ejecutivo Federal garantice la integridad de los elementos de las Fuerzas Armadas y que ni ellos, los de la Guardia Nacional, los de la Policía Federal o sus familias puedan ser objeto de ataques o intimidaciones.
Es inaceptable que el presidente López Obrador nuevamente eluda la responsabilidad que tiene como Comandante en Jefe de las Fuerza Armadas para defender la integridad de las instituciones.
Adicionalmente, resulta absurda e irresponsable la pretensión del Gabinete de Seguridad, encabezado por Alfonso Durazo, de engañar a la ciudadanía señalando primero que la detención se trató de una casualidad, dando una versión completamente diferente después, aceptando que era un operativo.
Por poner en riesgo las vidas de la población y de los policías, además de proporcionar información falsa respecto de los acontecimientos, Durazo debe presentar su renuncia inmediata.
El desaseo en la ejecución de esta acción, pone en evidencia la prisa del Gobierno Federal para cumplir con los deseos expresos del Presidente Trump, sometiéndonos nuevamente a su voluntad, aún a costa de vidas de mexicanas y mexicanos.
Asimismo, resulta inadmisible que, frente al sufrimiento de la sociedad culiacanense, se produzcan expresiones de agradecimiento por parte de la familia y los abogados del capo, y no exista una declaración que deslinde al presidente, y al Gobierno Federal, de estos nexos.
El saldo de la refriega del jueves fue de 8 muertos y 16 heridos, además de 51 reos prófugos. El gobierno tiene la obligación de garantizar a las víctimas y sus familias, el derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la no repetición.
El presidente de la República está obligado a cumplir su obligación constitucional y legal de que las y los ciudadanos de Culiacán, y de todo el país, podamos recobrar, poco a poco, la tranquilidad que, con el fallido operativo del jueves, nos fue irresponsablemente arrebatada.
