PERSPECTIVA 21/Verónica Juárez Piña
La “Ley Garrote”, aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso de Tabasco,
que propone encarcelar a quienes realicen bloqueos de carreteras y obstruyan la obra pública y privada en el estado; viola el derecho a la libre manifestación establecida en la Constitución de la República y atenta contra los derechos humanos.
Esta reforma, que parte de una iniciativa enviada por el Gobernador Adán Augusto López Hernández, también militante de Morena, modifica los artículos 299, 306, 307, y 308 y adiciona el artículo 196 Bis, y el artículo 308 Bis, del Código Penal de Tabasco.
La reforma incluye un nuevo tipo penal llamado “Impedimento de ejecución de trabajos u obras” e impone una pena de prisión de entre seis y 13 años de cárcel “al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privada”.
De la misma manera, propone sanciones de hasta 20 años de prisión a los sindicatos que pretendan extorsionar a las empresas que realicen obras públicas y privadas.
Al justificar la reforma, el secretario de Gobierno, Marcos Medina Filigrana, argumentó que ésta no es una ley antimarchas, es una reforma antiextorsionadores.
“Hay quienes amparándose en una presunta lucha social, extorsionan a las empresas y a particulares”, dijo. Este argumentó fue respaldado por el Ejecutivo Federal, quien en la mañanera del lunes le dio el visto bueno a la reforma.
El Presidente de la República, y quienes ahora promueven esta reforma, olvidan que en 1994 encabezó la resistencia civil y pacífica para protestar por lo que consideró un fraude del PRI para imponer a Roberto Madrazo como Gobernador de Tabasco, la misma entidad en la que su partido ahora busca encarcelar a quienes ejerzan el derecho a manifestarse.
Fue esa lucha la que lo catapultó al terreno de la política nacional y el principio de una larga trayectoria que lo llevó a ser dos veces candidato del PRD a la Presidencia de la República, en las que también abanderó jornadas de protestas como el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México en julio de 2006.
Por el bloqueo de carreteras, pozos petroleros e instalaciones de Petróleos Mexicanos que promovió en Tabasco en el marco de la resistencia civil y pacífica, la Procuraduría General de la República acusó en 1996 a Andrés Manuel de daño en propiedad ajena, sabotaje, conspiración contra el consumo y las riquezas nacionales, asociación delictuosa y oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público; y amenazó con ejercer acción penal en su contra.
Habiendo sido Andrés Manuel candidato del PRD al gobierno del estado, el partido lo defendió y respaldó su lucha. Entonces, como ahora, sostenemos que las garantías constitucionales son inviolables.
La “Ley Garrote” es contraria a lo establecido en el artículo 6° Constitucional, que plantea que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público…
De igual manera, atenta contra el derecho a la manifestación pacífica, relacionado con las libertades de reunión y de expresión.
La Dirigencia Nacional del PRD ya desautorizó a los dos diputados del partido que votaron a favor de esta ley “ya que en ningún momento puede ser copartícipe o dar su aval a este tipo de leyes regresivas y fascistas que atentan en contra de manifestaciones públicas de libre expresión”.
Desde el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados valoramos las medidas políticas y jurídicas a emprender en contra de esta reforma, una más de las acciones represoras y violatorias de la Constitución de la República que están asumiendo quienes presumen encabezan la Cuarta Transformación del país.
