PERSPECTIVA21 /Verónica Juárez Piña
La corrupción es el problema número uno de México. En eso coincidimos durante la campaña con Andrés Manuel López Obrador. Le dijimos que no estaba errado en el diagnóstico, pero sí en las soluciones.
Para López Obrador, la corrupción se puede eliminar con su sola presencia. Así lo decía: cuando yo sea presidente, la corrupción desaparecerá del país. Le dijimos que no era posible, porque cuando fue jefe de Gobierno hubo casos de corrupción y que era necesario construir instituciones para asegurar el castigo a los corruptos. Nos respondió que no: Morena eliminará la corrupción por contagio.
Pues, todavía no llega al Gobierno y el INE ha fijado una multa a Morena por 197 millones de pesos por operar un fideicomiso de supuesto apoyo a las y los damnificados de los sismos de septiembre, y del que nos dicen, está repleto de irregularidades.
Operaciones inexplicables como carruseles para hacer los depósitos, retiros de dirigentes de Morena, pruebas exiguas de que el dinero llegó a las y los damnificados y la altísima probabilidad de que los recursos fueron utilizados para tejer relaciones clientelares con el electorado.
¿Cómo es posible que el partido que se autodefine como el de “regeneración nacional” caiga en prácticas que harían sonrojar a cualquier gobernador priista?
Es por ello que la apuesta por una fiscalía autónoma cobra más sentido. Hagamos un ejercicio, ¿qué pasaría si en el segundo mes de administración de López Obrador, se sabe que el fideicomiso fue utilizado para lucrar políticamente? ¿En quién vamos a confiar para que haga una investigación a fondo? ¿En la Secretaria de la Función Pública que, cual Virgilio Andrade, se apresuró a darle su respaldo a Layda Sansores luego del escándalo de sus gastos en el Senado? La única forma de asegurar que en el país exista un auténtico combate a la impunidad es con un fiscal que no le deba la chamba al presidente.
El combate a la corrupción es un asunto de instituciones.
La campaña ha terminado, debemos pasar del dicho al hecho. Coincidimos que combatir la corrupción es una de las principalísimas demandas que hay que cristalizar, y que esto no será posible si el Ejecutivo no está dispuesto a ser supervisado, si no hay un Poder Judicial independiente y un Ministerio Público despartidizado.
De ahí la importancia de seguir insistiendo en que se abra la puerta a las reformas que contrapesen el poder del presidente, de lo contrario, siempre existirá la sospecha sobre la justicia, la legalidad y la imparcialidad de los juicios que existan sobre lo que hace el Ejecutivo. Escucharemos a las organizaciones de la sociedad civil e iremos hasta las últimas consecuencias en sus planteamientos.
No confiamos en las exoneraciones sumarias que se pretenden imponer. Fiscalía que sirva ya, esa es nuestra exigencia.
