TRIBUNA/César Iñiguez
Primero, una investigación judicial en Brasil revela, que unos empresarios de un mega-consorcio internacional llamado Odebrecht, manifestaron, por obtener beneficios legales al estilo de testigos protegidos, que entregaron millonarios aportes a la campaña presidencial de Peña Nieto, a cambio de contratos, una vez ganado el gobierno federal.
Segundo, denuncian que lo hacen a través de Emilio Lozoya, coordinador Internacional de la campaña de Peña Nieto, para presidente de la República.
Tercero, la noticia cae como balde de agua fría a los funcionarios federales, que actúan con un silencio cómplice y comienzan a mover sus fichas; consiguen, a través del entonces Procurador General de la República, Raúl Cervantes, que las investigaciones sean suspendidas y declaradas reservadas hasta el año 2022, en una evidente maniobra de silenciar los evidentes actos de corrupción.
Cuarto, no solo Raúl Cervantes y Emilio Lozoya eran funcionarios Federales, uno titular de la PGR y el otro director de PEMEX, sino que los hermanaba su amistad con Peña Nieto, siendo ambos coordinadores de su campaña, uno jurídico y otro de relaciones internacionales, respectivamente.
Las investigaciones señalaban que el equipo de campaña de Peña Nieto habría recibido decenas de millones de dólares a través de paraísos fiscales que dieron en las cuentas de Lozoya, a cambio de contratos y licitaciones petriquímicas de la empresa brasileña Odebrecht y sus filiales, lo que finalmente ocurrió con varios contratos, como una refinería de Tula Hidalgo, que fue beneficiada al empresa transnacional en una ilegal adjudicación directa.
Conforme pasaron los primeros años del gobierno de Peña Nieto, se generaban más contratos con el consorcio brasileño al tiempo que se hacían transferencias de millones de dólares a las cuentas de Lozoya.
Una investigación que quedó detenida y silenciada por el gobierno con la salida de Raúl Cervantes de la PGR luego del intento fallido por ser nombrado automáticamente Fiscal General de la Nación.
El Viernes pasado, Santiago Nieto, Fiscal de Delitos Electorales, de la PGR, señaló ante los medios de comunicación que estaba siendo presionado por Emilio Lozoya para dejar de lado las investigaciones en torno al caso Odebrecht, lo que prendió los focos rojos.
En reacción, el Gobierno de Peña
Nieto, a través del Subprocurador Alberto Elías Beltrán, quien es encargado de despacho de la PGR, lo cesó y lo corrió.
Así de burdo y así de descarado.
El gobierno de Peña a través del encargado del despacho de la PGR señaló que el ex fiscal había violado un código de ética interno de la dependencia; un disparate argumentativo sacado de la manga para cobrarle a Santiago Nieto su sinceridad y correrlo sin audiencia y defensa.
Aunque la última decisión del caso del ex fiscal electoral depende de lo que se resuelva en el Senado, lacorrupción invade hasta el tuétano a Peña Nieto, colosales han sido las evidencias y casos de corrupción de los que todo mundo en el Gobierno federal, se hace de la vista gorda.
Peña Nieto y su PRI-Gobierno, están, ya no en el año de Hidalgo, en el que le cae, al que deje algo; sino en el año de Carranza, porque el de Hidalgo, ya no alcanza.
