PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
Aunque usted no lo pueda creer, en la década de los cincuenta en México, una parte de la sociedad se oponían a que la mujer pudiera votar.
Daban razones discriminatorias: “no tienen la capacidad”, “son conservadoras”, “maleables”, entre otros obstáculos relacionados a los roles de género que sobra repetir.
Diversos movimientos feministas lograron las primeras conquistas para la participación política de las mujeres.
Así, fue hasta el 17 de octubre de 1953, hace 64 años, cuando se reconoce el derecho al sufragio femenino y en 1955 es la primera elección en la que las mujeres pudieron votar.
La desigualdad política de la mujer ha persistido, a pesar de las múltiples reformas constitucionales, que tienen como objetivo igualar la participación política entre mujeres y hombres.
De entrada, porque las condiciones objetivas siguen diferenciado a hombres y mujeres. Sólo basta con echar un vistazo a los gabinetes de gobernadores o del Presidente de la República.
La representación de la mujer es de una por cada 10 secretarías. Pese a que uno los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas, había un interés manifiesto en incrementar la participación parlamentaria de las mujeres, no hemos logrado avanzar en la integración y distribución paritaria de las presidencias de las comisiones en el Congreso de la Unión.
De las 56 Comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados donde se dictamina el trabajo legislativo, solamente 17 son mujeres.
Segundo, porque una buena parte de la ciudadanía se sigue refiriendo a las reformas que buscan igualar en términos políticos, como “cuotas”.
Es un error hablar de “cuotas”. Las reformas que impulsan la paridad buscan reflejar en las instituciones, con mayor precisión, la diversidad y heterogeneidad social.
La participación equilibrada de los hombres y mujeres en las candidaturas a puestos de elección popular, no supone discriminación de algunos de los sexos, anómalo es que en un país con el 52% de mujeres, la Cámara de Diputados esté integrada por 57.60% de hombres y 42.40 de mujeres.
Por lo tanto, no son cuotas, sino políticas públicas que buscan remediar el efecto estructural que tiene el machismo en la política.
Y, tercero, la violencia política contra la mujer sigue siendo una realidad que ha costado vidas. Sí, la violencia política son todas esas actitudes reprobables que toman hombres y mujeres y que atentan contra la participación de la mujer en la vida pública.
Que van desde el desprestigio con insultos diversos tales como: “Seguro se acostó con tal político”, “está bonita, por eso hay que ponerla de candidata”; “está en política porque su esposo es influyente” etc., hasta actos de violencia psicológica y física.
Un reflejo de la violencia política por razones de género son los estereotipos de género que se hacen para explicar el éxito político de una mujer. Difícilmente se habla de mérito o talento.
México es un país con una estructura socio-cultural patriarcal. Y a pesar que la política es un espacio de difícil acceso para las mujeres, nuestro siguiente paso, como mujeres y hombres, es feminizar la política, pero no sólo desde la participación.
Con la paridad horizontal y vertical tendremos mayores posibilidades de colocar la agenda que interesa a las mujeres.
Es un reto que es más que relevante 64 años después de que las mujeres rompimos la brecha de discriminación que nos impedía ni siquiera votar.
