DIVISADERO/ Eduardo González
La población migrante se mira amenazada por varios frentes: en sus comunidades de origen al no tener el derecho a no migrar; en los territorios de tránsito al ser extorsionados para poder recorrerlos; en las naciones de destino al ser sometidos por políticas de persecución y deportación.
En el caso de los centroamericanos que se internan en México para alcanzar
Estados Unidos, la pinza que se posa sobre ellos se cierra y aprieta cada vez más: la pinza se materializa a través de las políticas antimigratorias de las dos naciones.
En el caso de México la punta de lanza de la contención migratoria es el Programa Frontera Sur puesto en marcha desde julio de 2014. Mediante esa estrategia se comenzó a militarizar nuestra frontera sur.
Esta práctica fue coordinada desde 2013 por la Secretaría de Marina (Semar), y puesta en marcha por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El principal objetivo fue cerrar la frontera para impedir el ingreso de miles de centroamericanos. En estas labores también participan la Policía Federal (PF), Instituto Nacional de Migración (INM) y Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) (Proceso en línea, 19 de febrero de 2017).
Las cifras de los operativos contra los migrantes son una muestra de la intensidad con la cual el “gobierno” de México le hace la tarea al gobierno estadunidense para detener desde el sur de la República Mexicana el flujo migratorio.
“Entre 2013 y 2016, la Semar realizó 3 mil 102 operativos migratorios de apoyo al INM. Entre julio de 2014 y diciembre de 2016, las autoridades mexicanas deportaron a 377 mil 599 migrantes centroamericanos, un promedio de 419 por día. Entre 2013 y 2016, la Policía Federal participó en 16 mil 623 operativos de migración” (Proceso en línea, 19 de febrero de 2017).
Mientras la pinza se cierra por el sur, en el norte las tenazas continúan apretando.
El presidente Donald Trump insiste en llevar a cabo su estrategia para perseguir y expulsar al menos a once millones de migrantes “sin papeles”, además de seguir adelante con su promesa de continuar levantando el muro fronterizo.
El fin de semana pasado circularon dos borradores elaborados por el Departamento de Seguridad Interior y firmados por su secretario, Michael Kelly, donde se da cuenta de las medidas antimigrantes de la Casa Blanca.
La orden de mayor impacto es el universo de los “indocumentados” que serán prioritarios para su deportación, lo que pone en riesgo a todo migrante “ilegal”, esté o no sujeto a un proceso judicial por haber cometido algún delito.
Con las nuevas disposiciones será suficiente ser acusado de un delito o que haya cometido actos que pudieran constituir un delito, o que bajo criterio de un oficial de migración represente un riesgo a la seguridad pública o la seguridad nacional.
Las medidas también establecen que los migrantes “indocumentados” detenidos ya no serán liberados antes de sus citas en los tribunales de migración, lo cual puede implicar semanas y hasta años de espera y separación de familias. Asimismo, se está considerando movilizar a 100 mil elementos de la Guardia Nacional en once estados para la persecución de migrantes (La Jornada, 20 de febrero de 2017).
Los exiliados económicos de México y Centroamérica se miran en medio de las tenazas migratorias que se cierran sobre ellos con mayor fuerza cada vez.
La expulsión de sus comunidades, la persecución y la deportación en los lugares de tránsito y arribo se significan como las aristas de su pesada realidad donde no encuentran un lugar para vivir.
