RESTAURACIÓN/César Ruvalcaba Gómez
La historia de la Constitución de 1917 es una historia de desconfianza. Una forma de desconfianza que ha transitado el propio camino evolutivo de 100 años de vigencia.
Comprender su pervivencia a pesar de que ha atestiguado una de las transformaciones más significativas del mundo, es comprender su valor simbólico y normativo en el imaginario colectivo nacional.
Se ha erigido como una especie de relato aspiracional que nació en el marco de en un mundo convulso en plena guerra y en un país que aún respiraba los humores de la revolución.
Era un entorno distinto, sin la universalización del voto y con la mitad de la sociedad sin derecho a ejercer la democracia, como consecuencia de la exclusión de la mujer. Las democracias liberales estaban en proceso incipiente.
Bajo estas condiciones surge el gran arreglo institucional que viene en forma de tregua posrevolucionaria.
Nace entonces con un doble propósito, como mecanismo de control de facciones internas y como proceso de instrumentalización del modelo político al que aspiraba el país; modelo altamente influenciado por las repúblicas democráticas representativas tan en vanguardia en aquellos días.
¿Qué ha pasado de ese tiempo a esta parte? ¿Cómo se ha sostenido durante 100 años? ¿En qué sentido es producto de la desconfianza? Reflexionar sobre su comportamiento en el tiempo sería comentar la propia historia de México; empresa de gran ambición.
Quisiera, sin embargo, hablar de una de sus funciones más vigentes: la institucionalización de la desconfianza.
Primero, su carácter simbólico que la eleva a nivel de tótem sagrado como consecuencia de su arista deontológica.
El pueblo mexicano ha sacralizado la función de la Constitución como elemento de unidad nacional, del gran periodo de paz, como una barrera de contención que funge de dique ante las pasiones, los excesos y los intereses de grupos por encima de los intereses de todos.
Segundo, el análisis de los cambios más significativos del texto constitucional tienen que ver con amarrarnos las manos; con controlar el poder. Nuevas formas de rendición de cuentas, instituciones de control, aumento de contrapesos institucionales, fiscalías anticorrupción y muchas otras formas de limitar los excesos, han transformado nuestra carta magna de un relato normativo a un instrumento procedimental.
Ha pasado de una redacción inicial de 22 mil palabras a más de 60 mil. La gran mayoría como verdaderas disposiciones reglamentarias para controlarnos más. La desconfianza ha crecido igual.
Tercero, la transformación del sistema electoral se sucede ahí mismo. De un modelo de sistema mayoritario a un modelo proporcional.
Esta variación ha modificado todo el contexto de la vida pública en el México contemporáneo extrapolando el carácter de una desconfianza sistemática que ha pasado a ser «el elemento» articulador de las reformas de los últimos 30 años.
Y cuarto, la relevancia de nuevos actores políticos dentro del sistema constitucional, a saber, la judicialización de la política como consecuencia del triunfo de este mecanismo de control en la posguerra mundial.
Hoy los tribunales dirimen los conflictos más sustantivos de la vida pública nacional y sus efectos son apenas percibidos en una erosión de la legitimidad institucional en diversas instancias.
A 100 años del documento fundacional de la república de hoy, muchas cosas faltan por discutir. Desde la necesidad de un tribunal constitucional autónomo hasta el planteamiento de una nueva Constitución que retome los retos de la modernidad.
Pero me parece que lo más importante sería pensar en bajarla de su pedestal icónico; traerla de vuelta al terreno de la discusión para devolverle su carácter normativo y adaptarla a la construcción de un nuevo relato.
Un relato que pudiera ser desprovisto -en lo posible- de la desconfianza sistémica. Un relato que aspire a dibujar un nuevo «gran arreglo» diseñado desde la esperanza en un futuro que nos funcione mejor.
