EN2RUEDAS/Jesús Casillas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
Grave problema que evidentemente requiere de un tratamiento multidimensional para su erradicación, entre ellas, una muy importante es la posibilidad de que el pueblo pueda saber lo que hacen sus gobernantes.
Señalaba desde hace más de dos siglos el abogado, periodista y político de las Provincias Unidas del Río de la Plata, actual Argentina, Mariano Moreno, que “El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con quien miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal.”
Traducido a nuestros días, el acceso a la información como una forma de saber para a su vez actuar y exigir la buena conducción del poder público.
En nuestro país, el acceso a la información pública se ha reconocido como un derecho humano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora en base a este reconocimiento, cualquier persona puede solicitar información, sin requisitos previos y sin necesidad de justificar interés ni razones por las cuales se solicita tal o cual información.
Sin duda, se trata de un avance esencial para el combate a la corrupción, hacer realidad el principio de trasparencia gubernamental y en vía de consecuencia, un factor para mejorar la calidad de nuestra sociedad a través del empoderamiento ciudadano que otorga el saber.
Una reflexión, con motivo de que el lunes pasado, día 28 de septiembre, se conmemoró el “Día Internacional del Derecho a Saber”. Un derecho reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que permite acceder al pleno ejercicio de otros derechos tales como la justicia, la salud, la igualdad y la educación, por citar algunos.
Posibilita, a la vez, el control de la gestión pública y la toma de mejores decisiones mientras se previene la corrupción.
Se basa en la posibilidad de conocer cómo los gobiernos ejercen el poder y cómo invierten el dinero público; lo que permite el control de los actos del gobierno a través del escrutinio ciudadano al permitirle acceder a este tipo de información, por ello, que este día también sea conocido como el “Día Internacional del Acceso a la Información Pública”.
Es una buena oportunidad para reflexionar sobre el compromiso que todos debemos guardar para el fortalecimiento del sistema democrático, a partir de la promoción de políticas públicas en materia de la transparencia y del respeto del derecho de acceso a la información pública de todas las personas.
Una fecha además propicia para recordar que el control ciudadano de lo que se hace en el servicio público, es una de tantas consecuencias que puede tener la apertura de datos públicos a la sociedad, como muchos otros, por ejemplo, el potenciar el sector económico en base a datos confiables, por mencionar alguno.
Por eso, resulta fundamental que todos los actores de la sociedad conozcan los alcances que puede tener esta potestad ciudadana y sus implicaciones al ser reconocido como derecho humano, para que pase de ser un reconocimiento, a un ejercicio pleno, efectivo y diario.
