POLÍTICA SIN ÉTICA/Jonadab Martínez
El Pleno de la Cámara de Diputados fue convocado a una sesión extraordinaria con la finalidad de analizar la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Cabe mencionar que esta minuta se deriva del veto presidencial que echó abajo la Ley “revanchista” y “vengativa” iniciativa que los Diputados Federales del PRI y de sus aliados (PANAL, PVEM, y PES) le habían propinado a los empresarios por apoyar la #Ley3de3, y que más de medio millón de mexicanos firmó para que los servidores públicos transparentáramos nuestro patrimonio.
Solo como contexto, el articulo 32 era el que obligaba a que los particulares, tanto empresarios como beneficiarios de programas sociales, debían presentar sus declaraciones y sujetarse al Sistema Nacional Anticorrupción; aunque la bancada de Movimiento Ciudadano alertó el error, dio aviso que se estaba aprobando algo contradictorio y, socialmente, reprobado, los Diputados del PRI y sus aliados, revestidos de soberbia y cerrazón, la aprobaron con varios errores.
Y consecuentemente, el Presidente la vetó para su modificación.
Una vez en la sesión extraordinaria, como era de suponerse, la bancada del PRI, que más allá de representar a los mexicanos, son esclavos del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, como viles focas, aplaudieron el veto presidencial y votaron tal cual la orden del mandatario.
En contraste, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en voz de su Coordinador, Clemente Castañeda, promovió una propuesta de acción de inconstitucionalidad contra el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que el artículo mencionado es el que citaba la obligatoriedad de las tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses; además contemplaba que las mismas deberían ser públicas.
El Coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, invitó a los demás grupos parlamentarios que se sumaran a la inconstitucionalidad, sin embargo, fieles a su estilo y maña, evitaron el debate, la discusión y no se sumaron a ésta propuesta. Excepto el PRD y algunos Diputados de MORENA, que entre duda firmaron la acción de inconstitucionalidad.
En conclusión, la simulación del PRI y de sus aliados, es cínica, es vergonzosa, es lamentable y reprobable, que quienes presumen transparencia, dieron vuelta a un tema de suma importancia para combatir la corrupción u la impunidad.
Por último, es importante mencionar que existe una contradicción en la redacción del texto del Art 29, ya que argumenta que las tres declaraciones debe realizarlas todo servidor público, pero afirma que será de manera voluntaria, y privada.
