El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló hoy contra el estado de Texas en uno de los casos más importantes sobre el aborto que ve en las últimas dos décadas y reforzó el derecho de las mujeres a poner fin a su embarazo, procedimiento permitido en todo el país desde 1973. La decisión del alto tribunal supone una victoria para el presidente Barack Obama, que había apoyado en la corte a las asociaciones demandantes.
Los jueces del Supremo consideraron inconstitucional una polémica ley de Texas promulgada en 2013 y que, con el argumento de proteger la salud de las mujeres, ha provocado el cierre de 22 de las 41 clínicas en las que se practicaban abortos que había abiertas antes de la entrada en vigor de la legislación, según datos del grupo Whole Woman’s Health. La ley establecía dos requisitos: las clínicas deben cumplir con los mismos estándares quirúrgicos que un pequeño hospital y sus médicos deben tener unos privilegios de admisión en un hospital que esté a menos de 48 kilómetros de donde se ubica el centro para efectuar abortos.
El fallo contra Texas afecta a más de una veintena de estados con leyes similares que se verían obligados a revertir reglamentos impulsados por los republicanos desde 2010, cuando los conservadores se hicieron con varias asambleas legislativas estatales y aprovecharon para imponer su agenda “provida”. Para el Gobierno de Obama y las organizaciones de mujeres demandantes, la ley de Texas castigaba a las mujeres más pobres que no pueden pedir días libres en el trabajo ni costearse varios viajes de cientos de kilómetros para pagarse un aborto.
Este es el caso sobre el aborto con mayor repercusión que llega al Tribunal Supremo desde 1992, cuando la corte determinó que los estados no pueden añadir sobre el derecho al aborto “cargas innecesarias” que “tratan de poner obstáculos sustanciales en el camino de la mujer que busca abortar antes de que el feto sea viable”. Precisamente, lo que determinó hoy el alto tribunal es que la ley de Texas no busca proteger la salud de las mujeres e impone “cargas innecesarias” sobre el derecho al aborto.
