EN2RUEDAS/Jesús Casillas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.[1]
En atención a nuestra responsabilidad como representantes del pacto federal, del 13 al 17 de junio, en el Senado de República celebramos un periodo extraordinario de sesiones, en el que abordamos temas medulares para consolidación del sistema democrático de nuestro país, como son las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción que emana de la reforma constitucional en la materia del 27 de mayo de 2015.
Debido a la trascendencia e impacto de los asuntos que aprobamos hace unos días, lo primero que debe quedar claro, es que los productos legislativos que hoy forman parte del orden jurídico nacional, fueron resultado de análisis transparente y democrático donde participaron legisladores, académicos, servidores públicos y representantes de la sociedad civil.
Lo anterior, permitió configurar leyes de vanguardia, sólidas y acordes a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.
Al aprobar la expedición de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas (3 de 3); la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; así como reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el Código Penal Federal y Ley de la Fiscalía General de la República, hemos dado un paso trascendental para combatir la corrupción.
Ahora tendremos esquemas de coordinación más efectivos entre los tres órdenes de gobierno para garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos; sanciones ejemplares en conductas delitos como el cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de intereses, tráfico de influencias, encubrimiento o desacato.
Además, tendremos una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual contará con autonomía técnica y operativa para el desarrollo de sus funciones; una Auditoría Superior de la Federación y una Secretaría de la Función Pública con mayor fortaleza, lo que permitirá reivindicar la revisión total de los recursos federales que se transfieren a órganos de gobierno, las entidades y municipios; y un consejo de participación ciudadana con la faculta de establecer los lineamientos de los formatos de las declaraciones patrimoniales.
Hay muchos otros beneficios, pero me parece que los referidos, son muestra clara de la fortaleza e idoneidad de la reglamentación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción.
En consecuencia, lo alcanzado hace unos días, constituye uno de los logros más importantes en las últimas décadas dentro del parlamentarismo nacional, y en general para la sociedad mexicana. Ahora, el gran reto consiste en hacer que lo plasmado en las nuevas leyes, contribuya de manera efectiva y tangible a la prevención, combate y completa erradicación de la corrupción, fenómeno que produce estragos devastadores y multidimensionales a nuestro país.
Senador de la República
@JesusCasillas
[1] https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
