El movimiento disidente de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomó ayer un nuevo rumbo, cuando fuerzas de seguridad federales y estatales reprimieron a balazos la manifestación en Nochixtlán, Oaxaca, asesinando oficialmente a seis maestros, deteniendo a 21 y dejando al menos a 53 civiles heridos, 41 policías federales, tres de ellos de bala y 14 policías estatales, señala hoy SinEmbargo.
Políticos, activistas, dirigentes magisteriales y analistas, el Gobierno federal pretende imponer su Reforma Educativa a punta de pistola, granadas, gases lacrimógenos y persecución. César Cravioto Romero, coordinador de la bancada del partido que lidera Andrés Manuel López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que el Presidente Enrique Peña Nieto pasó de ser un “represor” a un “asesino”.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado anunció que exigirá la comparecencia de los Secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de Educación Pública, Aurelio Nuño, para hablar sobre los enfrentamientos con la CNTE. Los legisladores también demandarán la presencia de Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales para que rinda cuentas sobre el operativo realizado en Nochixtlán, Oaxaca.
El presidente de la Comisión de Educación en el Senado, Juan Carlos Romero Hicks, condenó los hechos en aquella entidad, donde también se reportaron decenas de heridos. El legislador consideró que las acciones de fuerza realizadas por corporaciones policiacas federales para el desalojo de los docentes no deben ser el camino a seguir por el Gobierno federal. Aunque el Congreso federal carece de facultades, los panistas también adelantaron que solicitarán la comparecencia del Gobernador de Oaxaca Gabino Cué, para que informe sobre los hechos de este fin de semana.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) lamentó y condenó a través de un comunicado de prensa los hechos violentos ocurridos en Oaxaca e hizo un llamado a las autoridades federales para cesar la violencia y atender los protocolos de Derechos Humanos para el control del desbordamiento de manifestaciones. Además, exigió que la Secretaría de Gobernación (Segob) abra el diálogo con los profesores para “encontrar una salida a este conflicto que lacera la gobernabilidad tanto en el estado como en el resto del país y que vulnerabiliza a la población civil, más allá de sus filiaciones políticas y sindicales”.
