PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
Con tres cambios de titulares en tan sólo cuatro años de este gobierno, la Secretaría de Educación Pública (SEP) está convertida en una dependencia inoperante. El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha priorizado el manejo político de esta institución, por encima de su trascendente función, que es la rectoría de la educación.
Dos ejemplos recientes evidencian esta falta de resultados. Por un lado, está la incapacidad de la SEP para echar andar un nuevo modelo educativo, que aterrice la reforma educativa impulsada por el presidente al principio del sexenio.
El colectivo Educación con Rumbo interpuso un amparo al considerar que el Programa Piloto de la SEP viola al menos cinco artículos de la Constitución, así como que no fue sometido a consulta ante el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación.
«Es inadmisible ordenar el piloteo del nuevo plan sin la emisión y publicación de los programas de estudio autorizados por la SEP y sin la capacitación previa de las maestras y maestros respecto», señala la organización civil.
El pasado 3 de octubre, el juez Francisco Javier Rebolledo, sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó una suspensión para la entrada en vigor del Programa Piloto implementado por la Secretaría de Educación Pública, argumentando que el programa es anticonstitucional, pues entrará primero a 960 escuelas, dejando de lado a las demás, lo que no asegura la garantía constitucional del acceso equitativo a la educación, además de que ni los materiales ni los docentes han sido capacitados correctamente para la implementación de la nueva curricula. (LaPolíticaOnline 03/10/2022).
Por otro lado, está el caso de los más de 150 estudiantes intoxicados, presuntamente por consumo accidental de cocaína, de tres escuelas secundarias de Chiapas. Sobre este asunto, la SEP no se ha pronunciado públicamente, a pesar de la gravedad de este hecho que puso en riesgo la vida de alumnas y alumnos.
En este sentido, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresa su preocupación por los lamentables y reiterados acontecimientos en los que más de 150 adolescentes que asisten a escuelas secundarias en Chiapas han debido ser atendidas y atendidos médicamente, debido a causas que todavía no pueden ser dilucidadas ni por la Fiscalía General del Estado ni por la Fiscalía General de la República.
Al respecto, ninguna de las dependencias competentes, ni estatales ni federales, ha dado una explicación precisa de las causas de los acontecimientos y han sido los propios padres y madres de familia quienes han dado a conocer que, en instituciones privadas, por lo menos tres de las y los adolescentes, dieron positivo al consumo de cocaína.
Ni el gobernador del Estado, Rutilio Escandón, ni la Secretaria de Educación estatal, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, así como Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP; han tomado alguna medida precautoria para evitar que estos acontecimientos se sigan produciendo.
El PRD exhorta al Gobernador del Estado, a la Secretaría de Educación Pública, al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, y a las Fiscalía General de la República, y del Estado de Chiapas, a garantizar el derecho a la educación, a la salud y a la integridad física y mental de las y los adolescentes que asisten a escuelas secundarias públicas en el estado y proveer las medidas necesarias de protección para evitar que más adolescentes sean puestos en riesgo o, en el peor de los casos, sean víctimas de un delito.
Asimismo, a investigar con celeridad y garantizar el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, a las y los adolescentes que, hasta el momento, han sido presuntas víctimas de intoxicación y fincar las responsabilidades correspondientes a quienes, en su caso, hayan atentado en contra de la integridad de las y los adolescentes chiapanecos.
En este sentido, demandamos a las autoridades educativas, de salud y de procuración de justicia, a garantizar la atención médica y sicológica de calidad a las y los adolescentes alumnos de las escuelas secundarias en las que se presentaron estos incidentes que hayan presentado síntomas de intoxicación, hasta su completa recuperación.
