PERSPECTIVA21
Verónica Juárez
La imagen es devastadora. La presa Cerro Prieto lucía totalmente seca. Lamentablemente, las otras dos, El Cuchillo y La Boca, particularmente ésta última, también tienen niveles críticos. De los tres embalses se surte de agua a 5.3 millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey. La causa principal es la sequía en la región, aunque no es la única.
La falta de agua, que afecta principalmente las zonas altas de Monterrey, habitadas por miles de familias de escasos recursos económicos, ha provocado una preocupante crisis social que ya prendió las alertas en varias regiones del país que desde hace varios años enfrentan desabasto por la sequía prolongada, la desigualdad en la distribución y la mala gestión del vital líquido.
La problemática es de tal dimensión que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya declararon el inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para 2022 en México.
El acuerdo de declaración de emergencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio, propone, entre otras medidas transitorias, la limitación temporal a los derechos de agua existentes, a través de la reducción provisional de volúmenes a los usuarios de las cuencas que se encuentren en condición de sequía severa, extrema o excepcional, a fin de abastecer agua para uso doméstico y público urbano a las poblaciones que se encuentren sin este recurso natural por efecto de dicho fenómeno.
La cuestión es que éstas medidas son provisionales y reactivas, no atienden las causas estructurales del desabasto de agua que, a mediano plazo, se puede generalizar en varias regiones de México, con los problemas diversos que ello implica.
De acuerdo con el INEGI, en nuestro país hay diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad de agua. Las zonas centro y norte de México reciben apenas el 9% del agua renovable al año; en tanto que la región sur-sureste reciben más de la mitad del agua renovable al año (67.2%); no obstante, sus habitantes tienen menor acceso al vital líquido, pues no cuentan con los servicios básicos, como es agua entubada dentro de la vivienda.
Debido al crecimiento de la población, resalta el INEGI, la disponibilidad de agua ha disminuido de manera considerable. Si en 1910 era de 31 mil m³ por habitante al año, para 2019 disminuyó a 3,586 m³ anuales por cada mexicano. En el Valle de México, la zona más poblada del país, se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua (apenas 144 m³/hab).
Según un diagnóstico del agua, realizado por el Consejo Consultivo del Agua, entre otros factores, la problemática del agua obedece a que los 653 acuíferos, 106 se encuentran sobreexplotados, especialmente en zonas de interfase agrícola y urbana, lo que plantea un horizonte previsible de agotamiento y la contaminación por minerales naturales que significan graves problemas de salud pública (por ejemplo, arsénico).
El análisis del Consejo señala que la mayoría de los organismos operadores de sistemas de agua para servicio público son ineficientes y opacos; funcionan con criterios políticos y clientelares, no están debidamente profesionalizados, dependen de cuantiosos subsidios, y no están constituidos como empresas públicas sujetas a reglas claras y transparentes de gobierno.
Apunta además que en las ciudades se desperdicia alrededor de 40% del agua, por fugas en las redes de abastecimiento y distribución y tomas domiciliarias.
Es decir, las causas de la crisis hídrica son multifactoriales y el enfoque con el que se pretende resolver, es muy limitado. Hay muchos estudios que proponen caminar hacia un modelo de aprovechamiento sustentable de este recurso vital, que coloque en el centro el derecho humano al agua.
Este tema, sin embargo, no ha sido prioritario para los gobiernos, mucho menos para el actual que tiene la mira en las elecciones de 2024, más que en los asuntos prioritarios del país.
