PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
Los resultados de las elecciones de este 5 de junio fueron producto de una elección de Estado dirigida desde Palacio Nacional, utilizando recursos públicos, violando la veda electoral y que, por acción u omisión, permitió la intromisión de la delincuencia organizada en el proceso electoral. A pesar de ello, Morena no pudo ganar las seis entidades que estaban en juego, como presumía.
Todo ello, ha constituido la columna vertebral de la estrategia electoral de Morena, que ha sido determinante para su avance en el territorio nacional. El esquema es simple. El gobierno federal y los gobiernos de Morena en los estados, usan indiscriminadamente los recursos públicos para favorecer a las y los candidatos morenistas, mediante la compra del voto o por la amenaza de quitarles los programas sociales, traficando con la pobreza en que han sumido al pueblo mexicano.
Simultáneamente, se despliega una estrategia de descalificación contra el árbitro electoral para debilitarlo, acotarlo y disminuir el efecto de sus intervenciones en el caso de las violaciones a la ley, como fue recurrente en los días previos a las elecciones por parte de funcionarias y funcionarios de Morena.
Todo el gabinete federal y el propio presidente se volcaron a apoyar a Morena y metieron mano a las elecciones con absoluto descaro e impunidad. Los programas sociales se usaron de manera clientelar y hasta los aviones bajo resguardo del ejército fueron puestos a disposición de integrantes del gabinete para asistir a los mítines de candidatas y candidatos de Morena.
De forma paralela, se utilizó el aparato del Estado para espiar, perseguir, amedrentar y amenazar a los dirigentes de la oposición, al tiempo que se orquestó una campaña para descalificarlos a unos cuantos días de las elecciones.
El crimen organizado también jugó sus cartas y operó para inclinar la balanza con el consentimiento del gobierno federal. En opinión del presidente no pasa nada si la delincuencia impone retenes, amenaza y extermina periodistas, asesina candidatas y candidatos, impide la instalación de urnas y se roba otras, amedrenta votantes, organiza acarreos electorales o sufraga campañas.
Estamos frente a una clara alianza narcopolítica por complicidad u omisión, le guste o no al presidente.
Pero, a pesar de ello, ni el presidente ni Morena se llevaron todo lo que presumían este 5 de junio. Esperaban ganar seis de seis gubernaturas y se quedaron cortos. La oposición, a pesar de la adversidad, plantó batalla y la estrategia de frenar el avance morenista y las ambiciones del presidente de controlar más entidades del país, dio resultado.
Al igual que en 2021, cuando se logró una mayor pluralidad en la Cámara de Diputados, la oposición fue capaz de convencer a la ciudadanía de salir a ejercer su voto de manera consciente y decidida, a pesar de las amenazas de violencia en varias entidades en las que hubo elecciones.
Falta mucho trecho para las elecciones de 2024 y son circunstancias totalmente distintas a las elecciones locales, pero sin duda, ya quedó demostrado que ni el presidente ni Morena son invencibles.
A pesar de que utilizan todo el aparato del Estado y los recursos públicos en su favor, la ciudadanía apoya otras alternativas para que sirvan de contrapeso frente a la descomposición económica, social e institucional del país que, en poco más de tres años del gobierno de López Obrador, se ha profundizado.
Rumbo al 2024, el reto para la oposición es cómo construir una alianza más amplia y sólida, que sume a todos los sectores sociales sin que prevalezca un grupo que pretenda imponer sus propios intereses, construya una propuesta de gobierno inclusiva que dé respuesta integral a los graves problemas del país, con una candidata o candidato confiable para la ciudadanía, y que sirva de contrapeso real a los afanes autoritarios y centralistas de López Obrador.
