PERSPECTIVA21
Verónica Juárez
La Cámara de Diputados concretó, por fin, el desafuero del Diputado de Morena, Benjamín Huerta, para que sea procesado penalmente por el presunto delito de abuso sexual contra un menor de edad.
Al intervenir en tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, demandé al Congreso de la Unión acciones legislativas y ejecutivas para proteger efectivamente a la niñez y la adolescencia de la pederastia y para hacer efectivos todos sus derechos.
Al mismo tiempo, cuestioné la incapacidad de las instituciones nacionales para prevenir, perseguir y castigar a los delincuentes, en general, y a los pederastas, en particular. Lo prueba la negligencia con la que actuó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para detener con prontitud a Benjamín Huerta, una vez que fue desaforado. Debe ir a la cárcel de inmediato. Los abusos contra niñas, niños y adolescentes no deben quedar impunes.
México registra un crecimiento desproporcionado de este ilícito durante los últimos años, como prueba el informe de la organización civil “Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia” sobre explotación sexual en escuelas públicas y privadas de ocho estados de la República, los cuales se mantienen en la impunidad hasta el momento.
En la misma situación de impunidad se encuentran abusos sexuales a menores de edad perpetrados por sacerdotes en San Luis Potosí, Ciudad de México, Oaxaca y Puebla, entre otras entidades.
Lamentablemente, México ocupa el primer lugar en abuso en contra de niñas, niños y adolescentes con 5.4 millones de casos por año, según afirmó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Además, en la actualidad, las niñas, niños y adolescentes en México enfrentan un grave rezago en materia educativa, así como pobreza, violencia, explotación y abuso, afectando su desarrollo integral.
El combate a la pederastia ha sido una preocupación constante de las y los legisladores, en particular de los diputados federales, quienes han aprobado 76 de 450 iniciativas presentadas para erradicar la violencia contra la niñez y la adolescencia en el país.
Desafortunadamente, desde el ámbito gubernamental, los resultados para combatir este delito han sido escasos. El Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, carece de acciones específicas a favor de niñas y niños y el presupuesto destinado a programas para ellos cayó en 82 mil millones de pesos, mientras el destinado a jóvenes, como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, ha sido manchado por la corrupción y el fraude.
A su vez, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes cumple seis meses sin titular y enfrente la amenaza constante de desaparecer.
Desde el GPPRD, en la LXIV Legislatura, refrendamos el compromiso de mantener nuestra lucha para que el gobierno y la sociedad garanticen en todo momento los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y que, en particular, las instituciones garanticen el derecho de las víctimas a la justicia. En breve dejaremos nuestro cargo, pero mantenemos nuestra convicción de seguir trabajando por una mejor Nación.
Mantendremos todos nuestro esfuerzo para luchar por la erradicación de la violencia en contra de todas las personas, particularmente de mujeres, niñas y niños, para lo cual exigiremos la implementación de políticas públicas que garanticen el derecho a una vida libre de violencia tal y como lo establece nuestro marco jurídico nacional
y los tratados internaciones de los que nuestro país forma parte. Alzaremos nuestra voz frente al desinterés del gobierno de López Obrador por garantizar el interés superior de la infancia.
Coordinadora del GPPRD en el Congreso de la Unión
@juarezvero
