PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
El fracaso de la consulta popular en la que se empeñó López Obrador, era esperado. Las y los ciudadanos recién habían participado en el proceso electoral con un alto grado de polarización y violencia, que no tuvieron interés en acudir a las urnas el 1° de agosto; pero la ausencia también manifestó un mensaje de hartazgo ante las decisiones de un presidente que ha ocupado la mitad de su mandato en confrontar, dividir y descalificar; que en conducir con eficacia el gobierno.
De acuerdo con el conteo del Instituto Nacional Electoral (INE), el porcentaje de participación fue de 7.11% del padrón. Por el sí, 6,511,385, equivalente a 97.72%. Por el no, 102,945, equivalente al 1.54%. Anulados, 48,878, que representa el 0.73%
El resultado quedó muy lejos de lo esperado por AMLO y Morena. Si el objetivo principal era obtener al menos 37 millones de votos para tener el mandato ciudadano para proceder contra los expresidentes por supuestos delitos, se quedaron muy, pero muy lejos.
De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, para que un ejercicio de esta naturaleza pueda ser vinculante -es decir, que los poderes Ejecutivo y Legislativo, y autoridades competentes, tuvieran un mandato, para proceder en el marco de sus competencias-; se requiere que participen al menor el 40 por ciento de votantes registrados en la lista nominal; que en este momento es de poco más de 93 millones.
Es evidente que las y los ciudadanos inscritos en el padrón decidieron no participar porque están desencantados por el mal gobierno de Andrés Manuel y porque tuvieron claro que la consulta fue un engaño, pues para llevar ante la justicia a quienes presuntamente cometieron delitos en el pasado, no era necesario derrochar más de 500 millones de pesos.
La actitud de las y los ciudadanos fue ejemplar. No es que no tuvieran interés en un ejercicio de democracia participativa, sino que desde un principio quedó claro que el fin no era aplicar la ley, sino usar la consulta como una estrategia con fines políticos. No acudir a las urnas fue también decir un NO a la manipulación.
López Obrador invirtió la mitad de su mandato en promover una consulta que fue distorsionada desde un principio, en la que se derrocharon millones de pesos del erario, se desvió la atención de las dependencias y funcionarios públicos; y se usaron de manera facciosa las instituciones, como el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde el inicio se pervirtieron los fines de este mecanismo de participación ciudadana, y se utilizaron las instituciones, los programas sociales y los recursos públicos para movilizar el voto; cuando lo único que debió de haberse hecho era presentar los expedientes de los presuntos delitos y las denuncias correspondientes ante las instancias de procuración e impartición de justicia.
Pero el presidente y Morena se toparon con la madurez democrática de las y los mexicanos que no cayeron en el engaño y le asestaron, de nueva cuenta, un duro golpe a López Obrador y a su partido.
El fracaso de la consulta representa un segundo gran tropiezo de López Obrador y Morena, luego de que el 6 de junio no pudieron alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Lo que sí hay que resaltar es el compromiso del Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar de los intentos por descalificarlo.
Es claro que tanto López Obrador como Morena no aceptarán los resultados, por eso están culpado al INE y ahora plantean crear una Comisión de la Verdad o promover juicios políticos contra quien se les ocurra para seguir con el circo.
El presidente debe aceptar que su gastada estrategia de crear cortinas de humo para evadir los problemas del país y su incapacidad para resolverlos, ya no está funcionando.
Por ello debería cancelar la revocación de mandato y ocuparse de gobernar. Hay muchos problemas en el país, como para que el presidente se empeñe en seguir impulsando iniciativas en donde el primero que no participa, pervierte y manipula, es él mismo.
