HACIENDO ADOBES
Miguel Zárate
Sin freno ni muro a la vista, los cárteles han venido invadiendo pueblos y hasta regiones enteras del país.
Desde Palacio Nacional se puso un grito en el cielo cuando un alto mando militar de Estados Unidos de plano suscribió que una tercera parte del territorio mexicano estaba controlado por el narcotráfico.
Grave aseveración que, pese a que quizá por motivos diplomáticos no fue emitida por el Departamento de Estado norteamericano -usualmente el conducto para estos señalamientos-, sí fue un mensaje claro, contundente del gobierno del vecino país en el sentido de que se veía y bastante la influencia y el poder ejercido por el crimen organizado.
Y, lo peor, que las medidas adoptadas por el gobierno de nuestra república y ya a casi la mitad del sexenio, pintan ni más ni menos que para un estrepitoso fracaso.
No es exageración ni “amarillismo”, es una realidad que nos taladra día con día y que desde Baja California hasta Chiapas y del Pacífico al Golfo, no deja de hacer desplantes de fuerza y ostentación de una supremacía en ocasiones absoluta sobre las autoridades del país, incluyendo al Ejército y a su nuevo apéndice, la Guardia Nacional.
Los problemas no están nada lejos de Jalisco. Si se ven los hechos, por ejemplo, en Aguililla, Michoacán, habría que recordar que este modesto poblado de unos diez mil habitantes, prácticamente cercado y agobiado por la dominación de los criminales, está más cerca de nuestro estado, muy próximo de las localidades de Pihuamo y Jilotlán, que de la misma Morelia a unos 300 kilómetros.
Y de los lamentables hechos acontecidos en lo que se tuvo que lamentar la terrible pérdida humana de un médico jalisciense, en Valparaíso, Zacatecas, pues dicha localidad también es más cercana a Jalisco, en Huejuquilla el Alto, que a la capital de su estado.
Así las cosas, los sucesos que nos estremecen parecen cada vez más próximos y a estas alturas pocos dudan de la influencia territorial de los cárteles no solamente en el sur o en el norte de la entidad sino igualmente y quizá con enorme poderío en la zona de la costa e incluso en algunos puntos específicos de la zona metropolitana.
A veces nos impresiona mucho que haya docenas de desaparecidos en las rutas carreteras de Monterrey a Nuevo Laredo o a Reynosa, pero hay que tener presente que Jalisco es hoy por hoy el “líder” de las desapariciones a nivel nacional, con una cifra de diez mil contabilizados, seguido por Tamaulipas, Guanajuato y la “sheinbuniana” Ciudad de México.
Es obvio, y lo marca la ley, que la atención a los delitos federales involucrados referidos al narcotráfico, corresponde manera primaria al gobierno federal pero su impacto se resiente en las estremecedoras cifras de homicidios dolosos que no siempre se dan “entre ellos”, como afirma el presidente López Obrador, ni necesariamente son cosa de “gente de fuera” como en otros tiempos se llegó a afirmar por los gobiernos estatales anteriores.
Sin embargo, por lo visto el gobierno del país no parece dispuesto a aceptar su responsabilidad en el campo, o al menos no solo él ya que, por lo regular, endilga su parte a los gobiernos de los estados y hasta de los municipios, desacredita lo que hacen los cuerpos locales de seguridad.
Y más devastador todavía, su intervención suele ser tímida, a veces hasta de pena ajena, cuando vemos a los elementos de las fuerzas armadas ser humillados, emboscados, desposeídos de sus armas, burlados y hasta agredidos por pobladores que seguramente están alentados o amagados por los traficantes o que, de alguna manera, también ya están involucrados o se benefician de sus actividades.
Hace unos días el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, pintó de cuerpo entero la posición del gobierno que, en el giro de recursos humanos, al aseverar que el caso de los desaparecidos también es porque no hay participación de los gobiernos locales.
Es cierto en parte que las autoridades de todos niveles no están exentas de jugar un papel determinante en sus distintas esferas, pero, a decir verdad, resulta ya desesperante la forma en que la famosa Cuarta Transformación se deslinda de su responsabilidad y, por si fuera poco, frecuentemente convierte su fracaso en la tarea en aparentes cifras de éxito gubernamental.
De ahí que no resulte raro que pretenda eludir asuntos que, al menos, debieran ser investigados, como la injerencia del crimen en los pasados procesos electorales.
Ojalá y que estas actitudes cambien. No es tolerable ni siquiera en el pensamiento, que el narco siga corroyendo, dominando, actuando con impunidad, ante la pasividad de una autoridad que no está para dar abrazos sino para hacer, con toda la fuerza que le da el poder, que la ley se cumpla y que cesen las invasiones del narco.
