PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
Una de las muchas razones por las cuales las y los ciudadanos votaron por un cambio en las elecciones del 1 de julio de 2018, que significó la tercera alternancia en el gobierno después de la derrota del PRI en el año 2000, fue el hartazgo por los escándalos de corrupción que caracterizaron al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Más que ningún otro candidato, Andrés Manuel López Obrador supo canalizar esta indignación social, asumió la denuncia contra la corrupción como una bandera y se comprometió a combatirla a fondo. Y la gente le creyó ésta y otras promesas y le dio el triunfo en las urnas.
El presidente, no sin razón, ha sostenido que uno de los grandes males del país es la corrupción y ha dicho que en su gobierno no tolerará a los corruptos. “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, ha dicho una y otra vez, repitiendo de manera insistente el apotegma de Benito Juárez.
Sin embargo, la realidad es distinta. En el caso por ejemplo de los presuntos sobornos de Odebrecht para obtener miles de millones de pesos de pesos en contratos de obras públicas, nadie, hasta el momento, ha pisado la cárcel.
Lo que debiera ser un proceso legal, en el que la Fiscalía General de la República asumiera el rol principal, autónomo y transparente, se ha convertido en un show mediático.
El presidente promovió un arreglo con el principal operador de los presuntos sobornos, Emilio Lozoya, para que entregara información a las autoridades de las entregas de dinero, de los negocios ilícitos, del financiamiento ilegal de campañas, del desvío de recursos públicos; de sus cómplices y de los supuestos beneficiados.
Así, mientras que Emilio Lozoya, disfruta de su libertad tranquilamente en su residencia de Polanco, las supuestas evidencias de los sobornos, denuncias y
videos de las presuntas entregas de dinero, circulan libremente en las redes sociales y las denuncias, que deberían ser confidenciales por ser parte de un proceso legal, son del conocimiento público a través de los medios de comunicación.
Y, el presidente, asume estas denuncias como verdaderas y arma un juicio tumultuario y mediático, al margen del proceso legal. Acusa, señala con dedo flamígero, descalifica a la oposición, a los gobiernos pasados, se dice asqueado de la corrupción y promete, una vez más, que su gobierno acabará con ella y que ningún corrupto formará parte de su equipo.
Empero, frente a los videos en los que aparece su hermano Pío, recibiendo paquetes de dinero de parte de David E. León (exdirector de protección civil y designado recientemente como responsable de la empresa gubernamental que distribuirá las medicinas); presuntamente para financiar el movimiento que dio origen a Morena y las actividades políticas que entonces desarrollaba, la actitud del presidente, cambió radicalmente.
Primero, ocultó que conocía de la existencia de los videos y después, ante los cuestionamiento, calificó este hecho como un “acto revolucionario”, pues se utilizó para que él pudiera alcanzar la presidencia y poder impulsar la 4T. Vaya desfiguro.
Si el presidente quiere recuperar la credibilidad en el combate a la corrupción, debe ser el primero en exigir que estos videos, en los que aparece su hermano y un alto funcionario de su gabinete, en un presunto acto delictivo que lo involucra a él, deben ser investigados.
Se debe indagar de dónde provino el recurso que recibió el hermano del presidente, a dónde se destinó de manera específica, sí Andrés Manuel López Obrador tenía conocimiento de esto y si la incorporación de David León o de otros personajes al gabinete fue en pago a estos apoyos financieros.
David León debe ponerse a disposición de la Fiscalía General de la República para aclarar de dónde obtuvo el dinero, si ocurrieron otras entregas y si hubo un acuerdo directo con Andrés Manuel para hacerle llegar este recurso. Corrupción es corrupción, venga de donde venga. Y la justicia debe ser pareja. Lo demás, es simple pan y circo.
