HABLEMOS DE DERECHOS/Salvador Romero
Los archivos son indispensables para el acceso a la información pública, porque se asemejan a los cimientos de una casa, ocultos a la vista general, pero necesarios para que sobre de ellos pueda construirse el andamiaje de información que interesa y necesita la sociedad.
De poco o nada sirve que la información “esté” en una caja dentro de alguna bodega o computadora de alguna dependencia gubernamental, si es imposible encontrarla por su falta de organización o clasificación, lo que en la práctica se traduce en una nueva forma de opacidad.
Para entender la importancia de la clasificación archivística, intentemos recordar alguna vez en la que hayamos estado buscando algún documento o expediente en nuestro hogar u oficina, y la frustración que sentimos porque, aunque tengamos la certeza de que debe estar “por ahí”, no logramos encontrarlo cuando lo necesitamos.
Así las cosas, es también importante que recordemos que el derecho a la información y la libertad de expresión son derechos humanos fundamentales dentro de cualquier estado democrático moderno, y las normas que los garantizan actualmente en México fueron un gran triunfo social, después de muchas décadas de una opacidad gubernamental casi absoluta que impedía cualquier ejercicio ciudadano de rendición de cuentas a las autoridades.
Sin embargo, la expedición de las leyes que garantizaron dichos derechos, no estuvo acompañada de una debida regulación en materia de archivos que permitiera un acceso efectivo a los grandes cúmulos de información pública generados por las múltiples autoridades, y que además previniera la terrible y dolosa práctica de “prender las chimeneas” en cada cambio de administración.
En ese contexto surgió en el año 2018 la primera Ley General de Archivos de nuestro país, cuyo objetivo es precisamente establecer las reglas mínimas que deben seguirse en todas las entidades federativas para garantizar la debida protección, administración, organización y preservación de los archivos estatales.
Posteriormente, en 2019, se aprobó también en Jalisco la nueva Ley Estatal de Archivos, precedida por un importante ejercicio de mesas de análisis de cara a la sociedad, encabezadas por los legisladores autores de las dos iniciativas en la materia (Priscilla Franco Barba y José Hernán Cortés Berumen), en las que el ITEI participó activamente como organismo garante de la transparencia en nuestra entidad y responsable de garantizar el derecho a la información.
Para entender la gravedad de la destrucción de archivos, debemos señalar que la pérdida de archivos pudiera ser violatoria del derecho humano a la información, por lo que el Código Penal de Jalisco establece una penalidad de 6 meses hasta 8 años de prisión a quien deliberadamente destruya registros y archivos públicos, y la nueva Ley Estatal de Archivos establece también sanciones administrativas a quien incumpla con el correcto resguardo de los archivos.
En conclusión, considero que las complejidades para dar plena continuidad a plazos y términos en materia de derecho a la información que se han vivido en esta pandemia, constituyen una seria llamada de atención, para autoridades federales, estatales y municipales, sobre la importancia de generar condiciones para la debida organización y digitalización de sus archivos, que permitan garantizar su acceso,
Y además protegerlos de la destrucción accidental o dolosa de los mismos, ya que de su existencia y accesibilidad depende que la sociedad pueda exigir cuentas, vigilar la legalidad en el actuar de las autoridades, así como la preservación de la memoria histórica de nuestra Nación y nuestro estado.
Comisionado ciudadano del ITEI Jalisco
@chavaromero
