PESIMISMO ILUSTRADO/ Jorge Rocha
Hace unos días el gobernador Enrique Alfaro presentó la nueva estrategia para atender el gravísimo problema de personas desaparecidas en el estado de Jalisco.
Dentro de las nuevas directrices que planteó el titular del poder ejecutivo en la entidad, hay algunas que me parece muy importante señalar como aspectos positivos:
1. El primero es que hay un reconocimiento del problema y un compromiso de actuar con la verdad.
Para ello el gobernador aceptó que la cifra de personas desaparecidas en la entidad es de 7,117, que representan más o menos el doble de personas que las cifras oficiales ofrecían hasta el año pasado.
Por supuesto que los colectivos de familiares hablan de una cifra negra que incrementaría los datos, pero sin lugar a dudas lo que se puede afirmar es que este problema representa una de las agendas más urgentes en Jalisco y parece que el gobierno del estado lo empieza a asumir con la seriedad necesaria.
2. El segundo asunto que aparece como un aspecto positivo, es que el gobierno de Jalisco atenderá este problema desde una perspectiva transversal y con la implicación de varias instancias, es decir, que hay una propuesta de trabajo coordinado intra-gubernamental que tiene como objetivo generar acciones con mayor eficiencia y con la posibilidad de construir soluciones de mayor alcance.
Es una buena noticia que este tema no sea un asunto sólo de la Fiscalía de desaparecidos. Además, parece que hay un ánimo distinto en la relación entre el gobierno del estado con los colectivos y los familiares de personas desaparecidas.
Esto sin duda contribuirá a que se encare de mejor forma este grave problema.
3. El verdadero interés se traduce cuando la asignación de recursos es mayor y la estrategia presentada por el gobernador de Jalisco muestra un incremento sustantivo en el presupuesto asignado a esta labor, que es posible que sea insuficiente, pero donde no se puede negar que hay un cambio en la voluntad política que se traduce en mayores recursos y más presupuesto.
Ahora bien, la estrategia presentada por Enrique Alfaro tiene debilidades y ausencias que es necesario señalar para mejorarla.
La primera es que los diagnósticos deberán ser públicos y elaborados con mucha mayor profundidad, esto implica que se descubran tendencias en los distintos territorios, que se pueda diferenciar la desaparición forzada y la que realizan particulares, que se reconozcan modus operandi de este fenómeno, que se puedan deslindar responsabilidades gubernamentales, que se pueda trazar una línea de tiempo de cómo se ha desarrollado este problema, entre otros.
Otro de los aspectos en los que adolece la iniciativa es que no están claros los procesos que deben gestionarse para erradicar el fenómeno de la desaparición en Jalisco, es decir, no hay mucha claridad sobre el ataque a las causas que generan este grave problema en la entidad, donde necesariamente deben involucrarse temas económicos y políticos de los territorios donde se empezará a abordar este problema.
Es necesario delinear de mejor forma cómo será la relación entre las instancias implicadas en el asunto con universidades, organizaciones de la sociedad civil y con actores sociales
nacionales e internacionales, es decir, hace falta verificar cómo se dará el proceso de implementación de este proyecto.
Me parece que este es un buen arranque por parte de Enrique Alfaro en este problema, pero habrá que monitorear los resultados.
Post Data
Desde hace prácticamente una década, la comunidad indígena Coca de Mezcala entabló un proceso legal en contra de la invasión de un terreno comunitario por parte de un empresario que alega tiene derechos sobre este espacio.
Durante el desarrollo del proceso se ha incriminado injustamente a miembros de la comunidad por delitos que no cometieron y que en el fondo es una forma de que no continúen con la defensa de sus derechos.
Es imprescindible que, ante un proceso legal con tantos problemas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso y que de una vez por todas se haga justicia la comunidad Coca de Mezcala.
