DIVISADERO/Eduardo González
Esta semana el Tribunal Federal Regional de Porto Alegre en Brasil confirmó, en segunda instancia y por unanimidad, la sentencia que condenó el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a prisión.
No solo eso, fueron más lejos: la pena se aumentó de nueve años y medio, a 12 años y un mes de cárcel (El País, 25 de enero de 2018).
Los cargos al ex mandatario son por su presunta participación en un acto de corrupción donde habría recibido un departamento de lujo frente a la playa de Guarujá a cambio de otorgar contratos para que la constructora OAS realizara obras con la petrolera estatal, Petrobras.
La acusación y sentencia se da a pesar de no existir ningún documento que garantice la propiedad del inmueble, o el disfrute del mismo por Lula o alguno de sus familiares.
No olvidemos, que el ex presidente también enfrenta otros cinco procesos judiciales, en los que como el mencionado no se cuenta con pruebas que demuestren los actos de corrupción.
Sin que esto, desde luego, suponga que los actos de corrupción no se cometieron. Solo menciono que aún no se han presentado las pruebas suficientes. Por vía de mientras, el Ministerio de Justicia prohibió la salida del país carioca a al ex gobernante.
En el fondeo del proceso judicial que se sigue aparece el verdadero propósito: sacar de la carrera presidencial de 2018 al político que según todas las encuestas ganaría por muy amplio margen.
Frente a ello, el Partido de los Trabajadores (PT) se mira atado de manos, porque para nombrar a Lula como su candidato y que se presente en las urnas en octubre próximo, el proceso judicial no debe de continuar.
Condición que parece imposible de cumplirse. De acuerdo con la ley, al ser condenado en segunda instancia Lula estaría inhabilitado para postularse.
Las respuestas judiciales que tiene a su disposición Lula da Silva atraviesan primero por el Tribunal Superior Electoral; de ser necesario por el Tribunal Superior de Justicia y; en último caso, el Supremo Tribunal Federal.
El camino se antoja complicado, y de pronóstico reservado. Los contrincantes de Lula han dado muestras de llegar hasta las últimas consecuencias para que el ex presidente no regrese al poder, ni siquiera se presente en las urnas y termine en prisión.
Ante ello, la pregunta que deberán contestar las autoridades brasileñas en medio de una fuerte presión ciudadana a favor y en contra de Lula da Silva, será ¿la urna o la cárcel? Al tiempo.
