DIVISADERO/Eduardo González
En octubre de 2014 publiqué un texto titulado “Las fosas mexicanas”, en aquella ocasión apuntaba que “México se ha convertido en una nación de fosas donde la clase política quiere ocultar las mayores ofensas sociales que nublan el andar republicano.
No hablamos solamente de fosas con cuerpos torturados, desmembrados, calcinados; cuerpos de mujeres y hombres que alzaron la voz hartos de la injusticia que recorre el país, y que en respuesta a sus exigencias de justicia encontraron el vergonzoso sepulcro de una fosa clandestina.
Las fosas mexicanas además de cuerpos ultrajados intentan ocultan el cuerpo de un sistema político en descomposición”.
Hacía referencia a otras muchas fosas más: de la pobreza, de la desigualdad, de la opacidad en el ejercicio de gobierno, de la simulación democrática, de la migración, del narcotráfico y la violencia ininterrumpida (La Jornada Jalisco, 18 de octubre de 2014).
En aquel entonces lanzaba un llamado para que la ciudadanía en su conjunto fortaleciera la memoria histórica, política y social, y con ello poder contar con las herramientas necesarias para detener la descomposición social experimentada a lo largo de todo el país.
Era urgente, mencionaba hace poco más de dos años, igual que lo había hecho en 2007 cuando comenzaba la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que no perdiéramos la capacidad de asombro y evitáramos normalizar la violencia descomunal que atravesaba la República.
La realidad ha superado la ficción. La violencia no solo no terminó, sino que aumentó.
Amplios espacios del territorio nacional han sido arrancados del control del Estado. Los grupos criminales se han convertido en los mandamases en amplias zonas de México.
Los criminales han secuestrado el accionar de las instituciones cuando no ha establecido un maridaje con los “gobernantes”.
La violencia descomunal de las últimas semanas en Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Jalisco y Veracruz son muestras fehacientes de la incompetencia gubernamental para cumplir con uno de los principales mandatos constitucionales de los gobernantes: ofrecer condiciones suficientemente adecuadas para el desarrollo humano y la tranquilidad de los gobernados.
De entre todos los ramilletes de violencia nacional, el estado de Veracruz y sus fosas clandestinas nublan el panorama nacional.
En los últimos siete meses se ha localizado al menos 250 personas en 120 fosas en el predio Colinas de Santa Fe al norte del puerto jarocho. Aunque también han sido localizados cuerpos enterrados clandestinamente al sur del estado. Asimismo se han exhumado 10 mil restos óseos.
Sin embrago, algunas organizaciones de defensa de derechos humanos han mencionado que de seguir buscando podrían ser encontrados un número mayor de cuerpos.
Los primero cien días del gobierno del ahora panista, antes priista-gordillista, Miguel Ángel Yunes, se han marcado por los altos niveles de violencia e inseguridad a consecuencia de la lucha de los cárteles Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y del Golfo por el control de la plaza veracruzana.
La Fiscalía en aquel estado ha reportado la desaparición de dos mil 750 personas, aunque la organización social El Solecito dice haber contabilizado más de 20 mil.
La violencia en el país da muestras de ir ganando terreno cada día, al tiempo que las autoridades desorganizadas no atinan la manera de poner un freno a la delincuencia organizada, y los ciudadanos envueltos por el miedo y la desconfianza vamos perdiendo la capacidad de asombro; todo ello fortalece las bases para que continúe la sistemática descomposición del tejido social que nos está acercando cada vez más a un escenario del cual solo pueden salir beneficiados los dueños y hacedores del terror y el miedo que recorren nuestra República.
