POLÍTICAMENTE INCORRECTO/Carlos Maguey
Si algo nos ha recordado la reciente resolución que dejó en libertad a Florence Cassez, es que para que los ciudadanos quedemos satisfechos, las decisiones que tomen las autoridades no sólo deben ser justas, sino que tienen que parecerlo, pues eso es precisamente lo que nos ha hecho sentir que la liberación de la francesa es una burla para los mexicanos.
Como sociedad esperamos que las decisiones para castigar a alguien sea equivalente a la pena y por tanto existe una sensación generalizada que no parece justo que mientras una persona que roba comida por hambre permanezca encerrado durante años, otra pueda escapar por una mala conducción del proceso legal, a pesar de que existe la sensación generalizada de que la francesa sí era una delincuente que participaba en secuestros contra ciudadanos mexicanos.
Y muy probablemente una sensación similar nos invada cuando el Consejo General del IFE discuta el dictamen final sobre gastos de campaña de la elección presidencial y en la cual se tiene previsto, hasta ahora, que se sancionará a los partidos que postularon a Andrés Manuel López Obrados como candidato del Movimiento Progresista por haber rebasado el tope de campaña en 2012.
Según este dictamen de la Unidad de Fiscalización, López Obrador habría gastado casi 400 millones de pesos en su campaña, cuando el tope marcado para este proceso fue de 332 millones. Por este exceso, los partidos que formaron el Movimiento Progresista tendrían que pagar más de 129 millones de pesos en multas.
Claro que aquí todos deberíamos sentir que es correcto que sancionen a alguien por excederse en los gastos en una campaña, pero el problema es cuando se compara con el candidato ganador: Enrique Peña Nieto, quien llegó a la Presidencia de la República candidateado por PRI y PVEM que formaron la coalición Compromiso por México.
Según los dictámenes emitidos por la Unidad de Fiscalización, la coalición ganadora gastó sólo 326 millones de pesos, es decir, se quedó 6 millones de pesos por debajo del tope que supuestamente sí alcanzó y rebasó López Obrador.
Hay que reconocer que existe una percepción generalizada de que Peña Nieto tuvo mayor gasto promocionándose en todo el país que el que tuvo López Obrador. También hay que decir que legalmente se puede prorratear el gasto de campañas entre candidatos a diputados y senadores de forma que aun gastando más, podría comprobar jurídicamente que no hay excesos.
Pero el problema es que a pesar de que legalmente esté justificado que se sancione el gasto de campaña de López Obrador y no el de Peña Nieto, la sensación generalizada será que no es igualmente justa la decisión.
Esta sensación de que la justicia no es pareja se refuerza cuando volteamos a ver la forma en que se manejaron las decisiones en torno al caso Monex, que finalmente fue resuelto favorable para el PRI en una votación que estaba empatada y que el consejero que la definió fue quien ocupó cargos directivos en ese partido hace años.
Así que ya podemos anticipar que, si el dictamen se sanciona como viene propuesto, con castigo para la campaña del Movimiento Progresista y nada contra la de Compromiso con México, se quedará la sensación de que la decisión no es justa porque no castiga pareja, porque la gente no sólo quiere que las decisiones sean justas, sino que también lo parezcan.
