* Los impuestos no reportados afectan directamente al patrimonio de los trabajadores del Congreso.
Esta mañana los legisladores de Acción Nacional Luis Guillermo Martínez Mora y Alberto Esquer Gutiérrez, acudieron a la Delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR), con la finalidad de ratificar la denuncia interpuesta en contra de ex diputados y funcionarios del Congreso del Estado que resulten responsables por defraudación fiscal, la cual afecta directamente el patrimonio de los trabajadores del Congreso.
El diputado Guillermo Martínez Mora exige que las investigaciones correspondientes vayan a fondo y se haga pagar a los que resulten responsables. Los señalamientos que se hicieron, apuntan a pedir cuentas a los Secretarios Generales, diputados que integraron la Comisión de Administración, diputados presidentes e integrantes de la Junta de Coordinación Política; así como a los directores de Recursos Humanos y Recursos Financieros.
Las pruebas entregadas exhiben la defraudación fiscal al hacer la reducción salarial correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores y no entregarlos a la autoridad. El Congreso del Estado mantiene adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) por la misma razón. La suma del adeudo, en general, del Congreso, de las anteriores legislaturas, alcanza los 600 millones de pesos.
Pide, también, que se aclaren los casos en los que ex diputados abandonaron sus responsabilidades como legisladores pero el cobro del sueldo siguió efectuándose.
Caso similar es el de un presunto empleado de nombre Alberto Salinas Macías, quien aparece en nómina, sin embargo no se presentaba a laborar. Asimismo, destacó la situación de Eduardo Sebastián Pulido, quien aparentemente cobró el mes de octubre de 2012, aún cuando ya era regidor de Zapopan.
Finalmente, cerró su intervención declarando: “Con esto reitero mi compromiso con la sociedad y hago un llamado a las autoridades para dar solución a los problemas que demanda la ciudadanía, castigando a los responsables del desvío de recursos”.
