El presidente de municipal de Tonalá, Jorge Arana Arana, aceptó la Recomendación 48/2012, que el 19 de diciembre pasado dirigió la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por violación del derecho a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal, a la privacidad y a la legalidad.
Se comprometió a suspender de inmediato y de manera permanente la práctica ilegal de los allanamientos de morada, así como cateos y visitas domiciliarias ilegales así como a iniciar, tramitar y concluir un procedimiento administrativo en contra de los policías involucrados, de los que se agregarán copias a sus expedientes.
Asimismo reparará los daños causados al agraviado, y prometió crear un sistema de registro y seguimiento para los elementos policiales que sean separados del servicio por no cumplir con los lineamientos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios en materia de derechos humanos.
El caso que documenta la Recomendación se inició el 23 de enero de 2012, cuando una mujer interpuso una queja en contra de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Tonalá, por la agresión y detención ilegal que sufrió su hijo a manos de los uniformados.
El joven, al ratificar la queja, relató que un día antes vio a un amigo con heridas en su cuerpo, sangrando y sin dientes, quien le dijo que había sido lesionado en una riña y que había pedido apoyo a la policía, sin éxito, por lo que decidió subirlo a una camioneta para llevarlo a un puesto de socorros, pero fueron interceptados por una patrulla municipal.
Dijo que bajó del vehículo y comenzó a correr hacia su casa, pero al intentar cerrar la puerta, dos policías ingresaron de manera violenta, le colocaron los aros aprehensores y uno de ellos lo pateó en el estómago, mientras que otro lo golpeó en la cara hasta sangrar. Lo sacaron de ahí y lo subieron a empujones a la patrulla, lo acostaron y entre los dos elementos le propinaron varias patadas en las piernas, espalda, brazos y cabeza.
Señaló que fue trasladado a la Cruz Verde de Tonalá, donde le atendieron las heridas, y posteriormente lo remitieron a los separos municipales, para más tarde ser puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia acusado de lesionar a un policía.
Declaró que fue consignado ante el juez decimoquinto de lo Criminal, quien calificó de ilegal la detención y le otorgó su libertad el 25 de enero.
En el informe de los policías y en la declaración ministerial se advierten serias contradicciones respecto al arresto del joven, quien sufrió lesiones a manos de estos, según consta en dictámenes de un médico del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
La CEDHJ, demostró que el quejoso no había incurrido en ninguna falta administrativa o delito flagrante que ameritara su persecución y que fuera detenido de forma violenta y arbitraria.
Los policías Rodolfo Arana Benítez y Heriberto Rodríguez Gómez violaron derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad, a la privacidad y legalidad, al haberse introducido en el domicilio particular del agraviado sin contar con una orden expresa emitida por una autoridad judicial competente.
